G. PETRO DEBE DEROGAR ATAQUE MIGRACION COL. A SALVADOR PEREZ

 LA CORRUPCION EN COLOMBIA Y LA PROHIBICION ENTRADA AL PAIS A SALVADOR PEREZ

¡¡EXPULSAR A LOS/AS CORRUPTOS/AS DE LAS INSTITUCIONES!!

     En los últimos meses del gobierno reaccionario de Iván Duque, entre otras oscuras cosas, se aprobó por parte de Migración Colombia, en el Departamento Atlántico-Magdalena, un Auto de Deportación y prohibición de entrada al país en contra de Salvador Pérez, ciudadano español, cuyo único “delito” fue desenmascarar un Clan corrupto en las entrañas del Ministerio de Trabajo (en la Inspección de Trabajo) del Magdalena, que en concordato con el Gerente de la empresa Morarci Group, Manuel Angello Moreno, estaban dejando sin derechos laborales y provocándole un despido ilegal a un trabajador del Taller de Morarci en Santa Marta.

Por:   Editor 

Dichas actuaciones fueron denunciadas penalmente ante la Fiscalía General de la Nación por Salvador Pérez y por el trabajador, Fredy Raúl Carleo, lo cual llevo a esta empresa corrupta y lumpen a solicitar los favores, no menos corruptos de la Directora Regional de Migración Colombia en Barranquilla-Santa Marta, Joselina Giraldo Vicioso, quien dio orden al Oficial Moisés Alcendra García, para que hiciera ese Auto impresentable al objeto de servir a los intereses exclusivos de esa lumpen empresa y de su Gerente. 

Dicho Auto fue recurrido por Salvador Pérez, Auto que fue recurrido y cuya contestación Migración Colombia la hizo totalmente fuera de lugar y plazos, sin responder legalmente a los argumentos que en el recurso esgrimió Salvador Pérez.

Fue de esta forma como en el pasado 25 de abril de 2013, a las 16:30 horas local de Santa Marta (Colombia), Salvador Pérez recibio en su correo personal un email desde el correo electrónico institucional del Oficial de Migración, Moises Alcendra García, en el cual le trasladaba la “respuesta de Resolución N.º 20235020000226", de 18 de marzo de 2023, que pretendidamente contestaba el Recurso presentado en contra del Auto de Deportación y prohibición de entrada por cuatro años a Colombia, que firmó la Directora Regional de Migración en Barranquilla (Joselina Girtaldo Vicioso) y que elaboró el Oficial en Santa Marta, Moisés Alcendra García. 

En esta pretendida respuesta al Recurso, Humberto Velásquez Ardila (Subdirector de Verificación Migratoria – Unidad  Administrativa Especial Migración Colombia), con generalidades y algunos comentarios totalmente fuera de cualquier rigor legal, ratifica el Auto de Deportación y prohibición de entrada a Colombia, un Auto que fue fruto de una política consensuada, de corrupción y tráfico de influencias, entre altos cargos de Migración Colombia y el empresario de Morarci Group SAS, Manuel Angello Moreno.

LA VERDAD QUE ESCONDEN PARA LA DEPORTACIÓN

         Es necesario explicar por anticipado que cualquier análisis, política y argumento que pretenda ser útil a la lucha de la mayoría de la sociedad para que podamos avanzar hacia adelante debe basarse ante todo y sobre todo en la verdad. Los únicos argumentos validos deben estar sustentados en datos, cifras y hechos concretos. Parafraseando al clásico de la literatura inglesa, "una rosa huele, debe oler, como una rosa, la llamemos como la llamemos y ciertas sustancias orgánicas huelen igual de mal, siempre, con independencia de como sea llamada". 

       Por ello es necesario, exponiendo los datos concretos, que pongamos NOMBRES Y APELLIDOS, tanto a aquellas personas que se destacan por hacer lo correcto, como de aquellas personas que actúan como vulgares delincuentes, mafiosos y corruptos, y que representan y son un autentico cáncer para la sociedad. 

          La Directora Regional de Migración Colombia en Barranquilla, Joselina Giraldo Vicioso, recibió a mediados del mes de abril del año pasado ordenes de un empresario, el Gerente de la empresa Morarci Group SAS,  Manuel Angello Moreno, para que procedieran a Deportarme de Colombia e impidieran que pudiera regresar en años. En mayo de 2022 comenzó a realizar “el trabajo” el Oficial de Migración en Santa Marta, Moisés Alcendra García, que vino a visitarme a mi domicilio. Con un aparente trato de amabilidad, lleno de hipocresías, con pretendidas promesas de que la situación “irregular” se iba a arreglar, Moisés Alcendra comenzó a tratar de dar ciertos aires de “legalidad” al encargo que tenían realmente: sacarme de Colombia, para allanarle el camino a la corrupción de la empresa "Morarci Gropu SAS".

Durante meses, desde mayo hasta octubre de 2022, en donde el Oficial Moisés Alcendra insistía reiteradamente que tras la mejora en la situación en las fronteras, tras los largos meses de “todo cerrado por el Covid-19”,  la situación migratoria "irregular" la arreglaríamos, ante la carencia de un sello en el Pasaporte, que además había sido renovado. Además, me encamino a que “legalizara la unión marital de hecho” que tenía con una mujer colombiana, lo cual se hizo por propia recomendación en Migración Colombia ante los Servicios Jurídicos de la Universidad del Magdalena. Curiosa e hipócritamente, mas tarde Moisés Alcendra pretendió quitar validez legal a las actas elaboradas por los Servicios Jurídicos de la Universidad del Magdalena.

Sin embargo, la situación y los planes de trabajo de Migración ya estaban decididos de antemano, desde el mes de abril de 2022, cuando recibieron las órdenes/encargo del empresario radicado en Barranquilla. El Oficial de Migración en Santa Marta, como tenia ordenado, elaboro el Auto para Deportar a Salvador Pérez. prohibiendo que pueda entrar de nuevo a Colombia por 4 años, Auto que fue firmado por la Directora Regional de Migración en Barranquilla, Joselina Giraldo Vicioso, quien era la que había llegado al acuerdo corrupto con el Gerente de Morarci Gropu, Manuel Angello Moreno, con el único objetivo de impedir que Salvador Pérez pudiera continuar ayudando al trabajador al que había maltratado durante años social, laboral, salarialmente y al cual finalmente despidió ilegalmente y pretendía hacerlo todo "gratis", sin abonarle un solo peso. He aquí en donde radica el origen y la verdadera causa de todo el procedimiento de Migración Colombia en contra de Salvador Pérez Díaz.

Decir que Salvador Pérez nunca llego a conocer personalmente a este lumpen empresario. Pero por los datos, este jamás perdono a Salvador Pérez Díaz que se hubiera atrevido a darle una batalla a todos los niveles, incluyendo el denunciarlo ante la justicia y los Órganos de Control del Estado colombiano. Este Manuel Angello Moreno no es muy diferente al tipo de empresarios corruptos, capaz de cualquier cosa, de la más atroz que podamos pensar, por obtener unos cuantos miles de pesos más en sus abultados beneficios, capaz de dejar sin nada a quien sea, de robar al más pobre de los pobres hasta el último grano de arroz y capaz de pagar en “dinero negro” cualquier cantidad de forma corrupta para obtener contratos y evitar tener que pagar lo que legalmente debe pagar a los trabajadores, a aquellos que trabajan para el día a día, que ven como son robados por ese mismo empresario, en sus salarios, el no pago de las Horas Extras, las vacaciones, las Primas, las Cesantías, la Salud, la Vejez, ….

Es por ello, con esta mentalidad de lumpen venidos a ricos, que cuando Fredy Raúl Carleo acudió a la Inspección de Trabajo de Santa Marta para que la empresa le pagara los atrasos que le debía, Manuel Angello Moreno mando desde Barranquilla a no menos de 5 abogadas, que almorzaron y se reunieron en hoteles de Santa Marta con al menos los Inspectores de Trabajo, William Orlando Correa Lozano y Alejandro Alfonso Núñez Rodríguez, ambos implicados en el caso. Correa Lozano fue dando siempre toda la impresión de que era el auténtico “Jefe" de la red de funcionarios corruptos, que operaban desde dentro de las propias estructuras internas del Ministerio de Trabajo. 

Lejos de argucias e hipocresías, muy habituales en los circulos de los puestos de responsabilidad ministeriales, todo ello incluso llego a reconocérmelo, verbalmente y en su despacho, la que era en ese momento Directora Regional del Ministerio de Trabajo en el Magdalena, Claudia Luz López Ramos, tras el proceder del Inspector William Orlando Correa Lozano en la puertas del Ministerio, cuando comenzó a amenazar e insultar por ser español, acusando a Salvador Pérez de "estar arruinando su negocio” (palabras textuales del Inspector).

Todo ello está Radicado en Denuncia Penal, ante la Fiscalía, con el N.º 470016099369202251242. Que este Inspector de Trabajo defendiera "su negocio” en la misma puerta del Ministerio de Trabajo, amenazándome, insultando a Salvador Pérez, después de bajarse de un taxi a las 16:30 horas, tras un buen almuerzo con la abogada y directivos de Morarci Group, en un hotel cercano al Ministerio Trabajo, era una escena digna de una película de Don Vito Andolini Corleone, en donde torpemente este corrupto Inspector pretendía parecerse algo así como a El Padrino.  Al fin y al cabo, este Inspector llevaba ya más de 22 años, en el mismo sitio, haciendo lo mismo, con un guion establecido en el Ministerio de Trabajo y al parecer nadie había “protestado” mucho.  ¿O sí?...

Durante esos meses me contaron, y me mostraron documentos, varios trabajadores que habían padecido el mismo "modus operandi" por parte de este mismo personajillo, que además cobra de los presupuestos del Estado como Inspector de Trabajo:  recoge los datos a los trabajadores, con los datos en su poder el personalmente acude a la empresa, se reúne con el empresario y "saca la mordida" a la empresa para su bolsillo y deja al trabajador sin nada. Todo muy primitivo y rudimentario, pero que durante más de dos décadas le funciono perfectamente a William Orlando Correa, permitiéndole pagar hasta las carreras como abogados laboralistas a sus hijos y otros familiares, a los cuales ha montado un despacho profesional, además de permitirse costear otros "pequeños vicios" nocturnos/diurnos  (que son de dominio público por Santa Marta). 

Al objeto de que se llegue hasta las últimas consecuencias de todo este escabroso asunto es por lo que presente conscientemente Denuncia Penal ante la F.G.N., contra él y contra quienes estaban pagando suculentas cantidades al bolsillo de los corruptos, para dejar sin derechos laborales, ni de ningún tipo, al trabajador maltratado. A ello es a lo que se ha dedicado más de dos décadas William Orlando Correa Lozano (uy, perdón. tal vez quiere que lo llamemos Don Vito Corleone). Pero esto, todo ello, es necesario decirlo, de forma clara y nítida. 

Como la directora regional del Ministerio de Trabajo insistió en asignarle a Fredy Raúl un nuevo Inspector, acudimos a las reuniones con el mismo, Alejandro Alfonso Núñez Rodríguez, quien desde el principio procedió a “cubrir las ilegalidades del Inspector anterior”, William Orlando Correa, en plena sincronía con la empresa. Hasta el punto de preparar todo para llegar al punto en donde todo estaba concertado con la abogadas de la empresa, para que esta el último día, en el último minuto, con cara un poco avergonzada, dijera para el Acta que  “la empresa no quería negociar nada”.

De esta forma, en la medida en que era claro y evidente que todo formaba parte de un mismo entramado corrupto, procedimos a formular Denuncia Penal, por “concierto para delinquir” ante la Fiscalía General de la Nación, con el Radicado N.º 470016099369202251356, en donde están inmersos de ese delito, junto a los de corrupción y cohecho, las siguientes personas: Alejandro Alfonso Núñez Rodríguez, William Orlando Correa Lozano (Inspectores de Trabajo), Claudia Luz López Ramos (Directora Regional Ministerio Trabajo en el Magdalena), Maryuris Mileth Pareja Barrios (Coordinadora de Inspección), Manuel  Angello Moreno Arciniegas (Gerente de Morarci Group Sas),  Yadis Ferreira Mugno y  Edith Paulin Polo Rivero (abogadas Sociedad Morarci Group Sas), por los delitos de Prevaricación y Concierto para Delinquir.

        Igualmente por aquellas fechas Salvador Pérez ayudo al trabajador Fredy Raúl Carleo Pacheco a formular denuncias, por los graves hechos de corrupción que estaban viviendo y sufriendo, ante la PROCUDADURIA GENERAL DE LA NACION (Radicado Nº. IUS E-2022- 23326652, la cual hicieron remisión a la Oficina de Control Interno Disciplinaria del Ministerio de Trabajo por competencias para sancionar, con el Radicado Nº IUC D-2022-169743),   LA SUPERINTENDENCIA, LA PERSONERIA DISTRITAL DE SANTA MARTA, ANTE EL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DEL MINISTERIO DE TRABAJO (Radicado Nº. 05EE2022430000000011841, de 3 de marzo de 2022, en Expediente abierto con el Nº. 053 de 2022), mantuvimos varias reuniones con LA GOBERNACION DEL MAGDALENA,.. Y como hemos dicho, las dos denuncia penales ante la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, una primera firmada por Salvador Pérez Díaz y otra segunda por Fredy Raúl Carleo Pacheco. 

Era más que evidente que todo lo que habían venido haciendo, de forma despótica, grotesca y corrupta, entre altos funcionarios de los organismos del Estado colombiano y el empresario y sus representantes de Morarci Group SAS, además de corrupción, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación, además cerraba el circulo en "UN CONCIERTO PARA DELINQUIR". 

Una empresa, Morarci Group SAS que obtiene sus suculentos beneficios, inflados, de los contratos que mantiene con los diferentes organismos del Estado colombiano y que ahora estaban siendo puestos en evidencia, se les estaba cuestionando su proceder y se les estaba dando la batalla legal y socialmente. Y aquí radica la causa central, fundamental, del porque este lumpen empresario, Manuel Angello Moreno, ya en el mes de abril del 2022 llamo y pago corruptamente a altas funcionarias de Migración Colombia, desde una región como es Barranquilla en la que jamás vivió Salvador Pérez, para que le hicieran el trabajo de sacarme del país, de Deportarme y prohibirme regresar durante años a Colombia, a pesar de que tengo  una relación familiar firme en Santa Marta.

Es claro que Joselina Giraldo Vicioso, la Directora Regional de Migración Colombia en Barranquilla, acepto el encargo de trabajo le hizo el empresario y es claro que ella ordeno, no tengo dudas al respecto tampoco, de forma corrupta también al Oficial de migración en Santa Marta, Moisés Alcendra García, para que ejecutara el encargo de sacarme del país, dejando vía libre al corrupto empresario, que se libraba de la “piedra en el zapato”, que suponía el apoyo que durante meses preste al trabajador despedido de Morarci Group,  Fredy Raúl Carleo Pacheco.

Hay un conocido y antiguo dicho popular, que explica y afirma lo siguiente: “No hay peor ciego que el que ya vio la realidad y decide volver a cerrar los ojos”.   Esto, además, supone un grave y serio peligro para aquellos que luchamos por la justicia social, por una sociedad basada en la justicia, la igualdad social, lejos de los funcionamientos corruptos de funcionarios y empresarios.  Es más, quien VE CON SUS PROPIOS OJOS Y SE NIEGA A ACEPTAR LO QUE ESTA VIENDO, NO ES NEUTRAL, SINO QUE PUEDA PENSAR LO QUE PIENSE ESTA SIRVIENDO DE SOSTENEDORES DEL LAMENTABLE ESTADO DE COSAS QUE CREA Y PRODUCEN LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN, digan lo que digan luego para justificarse. 

"Nada hay nuevo bajo el sol", dice el refrán. Los casos de clara corrupción en organismos como Migración Colombia son periódicos y constantes. Por citar dos medios de comunicación colombianos, en dos noticias diferentes, por cierto ambas hacen referencia a la corrupción en Migración Colombia en el Atlántico (Barranquilla), dejamos aquí constancia de lo siguiente: 

Junio 08, 2022 Editorial  -  "EL HERALDO"

¿POR QUÉ OTRA VEZ CORRUPCIÓN EN MIGRACIÓN Y LA REGISTRADURÍA?

        Con pruebas suficientes, EL HERALDO denuncia una red criminal en el interior de Migración Colombia y la Registraduría que opera en puestos de control terrestres y aéreos del país. Los hechos son contundentes. Es necesario depurar las entidades y fortalecer sus buenas prácticas ante tanta corrupción. 

        “Hace tres años, EL HERALDO reveló cómo operaba un entramado ilegal que cobraba un promedio de 1,5 millones de pesos por ‘legalizar’ a migrantes en la sede Centro de la entidad, en Barranquilla. En 2016, la Fiscalía General capturó a siete personas, cinco de ellas registradores activos, señalándolos de integrar una red dedicada a expedir documentos a extranjeros de varios países en las oficinas de Malambo, Candelaria, Ponedera, Luruaco y Santo Tomás”.

 Revista   "SEMANA"

    “La Fiscalía General les imputará, en una audiencia unificada, los delitos de concierto para delinquir, tráfico de migrantes y falsificación material de documento público. El mega operativo, que también contó con el apoyo del FBI y la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas e Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (ICE/HSI), se realizó en los departamentos de Córdoba, Magdalena, Cesar, La Guajira y Atlántico. 

    Los dos oficiales de Migración Colombia, que trabajaban en la regionales del Atlántico y de La Guajira, tenían una participación clave en esta organización puesto que eran los encargados de filtrar documentación privilegiada y realizar acciones para que se omitieran los controles en los diferentes aeropuertos”.

Corruptos/as desean ambiente "tranquilo", para sus fechorías

        Cuando en Octubre de 2022 fui entrevistado por el Investigador del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación), este al leer la denuncia por escrito que tengo presentada contra el Inspector de Trabajo, William Orlando Correa Lozano, y por consiguiente también contra la empresa Morarci Group SAS y su Gerente, me dijo dos cosas:  “Que no hacía falta me preguntara nada sobre el asunto, que todo estaba muy claro y que ordenaba, como así hizo, "Orden de Protección policial de mi vida y de mi entorno familiar.  Que era evidente que los denunciados eran elementos potencialmente peligrosos, además con grandes medios económicos en sus manos, al extremo que podían decidir, en un momento determinado, atentar contra mí”.  Hasta donde sabemos, esa orden de protección de vida continua en vigor.

A finales de año pasado, juntamente con un grupo de compañeros internacionalistas de varios países de Latinoamérica hicimos una exitosa campaña de protestas ante la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, EL MINISTERIO DE EXTERIORES Y MIGRACIÓN COLOMBIA, pidiendo al Presidente Gustavo Petro y al Ministro Álvaro Leyva que intervinieran personalmente y derogaran las medidas represivas que Migración Colombia había realizado en mi contra y que atentan contra mis derechos sociales, humanos, políticos y familiares.  En esta importante campaña participaron, entre otros/as  las Confederaciones sindicales (CSP - CONLUTAS de Brasil, UNSITRAGUA de Guatemala, FETIP de Perú, la Vicepresidencia de la FEDERACION SINDICAL MUNDIAL -FSM- en Uruguay), diferentes sindicatos importantes del profesorado, la minería, dirigentes políticos de izquierdas en EEUU – Brasil, parlamentarios/as brasileños, el GRUPO OBRERO INTERNACIONALISTA (GOI-PALAVRA OPERARIA) de Brasil, Bancada Feminista de Sao Paulo, la CTC de Magdalena, la Federación Provincial de Asociaciones Vecinos Solidaridad de Málaga, …

         Con respecto a los frutos de esta campaña cabe destacar que Migración Colombia estuvo sin abrir la boca durante meses y meses, lo cual provoco una nueva anormalidad e ilegalidad. El recurso que había interpuesto no lo contestaron en forma alguna, hasta que pudieron recuperarse de los efectos de la campaña y Humberto Velásquez Ardila (Subdirector de Verificación Migratoria – Unidad Administrativa Especial Migración Colombia) firmo la resolución que confirma el Auto. Mucho nos tememos que este subdirector está lejos, muy lejos, de querer cumplir los compromisos del gobierno de Petro de lucha contra la corrupción y para ello recurre al “argumento legal” de que la Deportación que han aprobado no impide que Salvador Pérez pueda "vivir con su mujer colombiana en España o cualquier otro lugar".   ¡¡ Faltaría más, Sr. Humberto Velásquez Ardila, a menos que quiera ejecutar usted personalmente el asesinato de Salvador Pérez !!

Cuando uno lee “Resoluciones que resuelven recursos”, como la que aparentemente ha escrito Humberto Velásquez Ardila, a uno le acude a la mente la idea de ese gran pensador, de Voltaire (desconozco si ha sido leído alguna vez por el Sr. Humberto), cuando afirmaba que “el ultimo grado de perversidad es hacer servir las leyes para la injusticia”.  A Humberto Velásquez le ha faltado escribir en su resolución que “Salvador Pérez puede vivir con su mujer en cualquier otro sitio del planeta, menos en Colombia, en donde está un empresario que gasta mucho en corromper a funcionarios del Estado, pero muy poco en cumplir con sus obligaciones de pago a sus trabajadores”.  La ignorancia nunca le ha sido útil a nadie, en este caso concreto debemos de suponer que tampoco le será útil a Humberto Velásquez.

Humberto Velásquez, que por su forma de escribir las resoluciones es bastante seguro nunca le den un premio literario, ni doctorado en Derecho, le faltó decir algunas cosas más, para defender a subordinados suyos que están prevaricando claramente y de forma corrupta para defender a un lumpen - empresario, que cuando se vio en peligro para seguir haciendo impunemente de las suyas, ordeno a sus infiltrados en Migración le solucionaran el problema. Pero todo esto carece de importancia, porque Humberto Velásquez ha decidido estar al lado opuesto del que tendrá que estar, que sería ayudar al gobierno del Presidente Petro a luchar contra la corrupción en los organismos del Estado colombiano. Humberto, llegados a este punto, dejo de razonar y de pensar y apoya lo de siempre, a los suyos, a sus "Vitos Corleones" en Migración Colombia.

Así las cosas, no nos extraña en absoluto que este tipo de cosas continúen produciéndose, en instituciones acostumbradas durante décadas y décadas a funcionar de forma cohesionada con todo lo más reaccionario que hubo y ahí en la sociedad colombiana. Migración Colombia, no lo olvidamos, es el organismo heredero del DAS, el Departamento que utilizaban los gobernantes reaccionarios y podridos para impartir las órdenes y trabajo con sus bandas paramilitares, como recientemente nos recordó en sus declaraciones Salvatore Mancuso, ex Segundo al Mando de los paramilitares de  las AUC, según sus propios testimonios ofrecidos voluntariamente.

Lo que, si nos sorprende, un poco mucho la verdad, es el silencio que hasta ahora ha mantenido Gustavo Petro y su entorno con respecto al asunto de la Deportación de Salvador Pérez. Si no se pronuncian de forma rápida y contundente, estarán siendo cómplices de toda esta cadena de actividades corruptas y mafiosas, como hemos explicado, que son un verdadero atentado a los derechos democráticos, sociales y humanos en contra de Salvador Pérez, cuyo único delito ha sido ser solidario con un trabajador maltratado por los corruptos empresariales y de organismos gubernamentales.

Llegados a este punto, ya no bastan simples palabras, discursos retóricos, ni realizar actos aislados. Es el momento de que el gobierno de Petro afronte de verdad una batalla a fondo en contra de toda la podredumbre y corrupción. Es hora de cumplir con la promesa electoral de “tolerancia 0 con la corrupción”.  La debilidad invita a la agresión. Los poderosos, los dueños y señores de las grandes empresas, de los principales medios de comunicación, los verdaderos jefes de los clanes mafiosos y corruptos, en la medida en que solo ven muchas palabras y bellos discursos, pero pocas medidas prácticas para cumplir fielmente el programa de gobierno se animan más y más a desafiarlos y poner en entredicho la propia continuidad de Petro al frente del gobierno.

Por parte de Salvador Pérez, como explicaba y solía citar ese viejo luchador, fundador de la Confederación Sindical "Comisiones Obreras", en la clandestinidad de la dictadura franquista en España, Marcelino Camacho: “Ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar”.  Es sabido que una de las características de los corruptos y mafiosos es, junto a todo tipo de las perversiones sociales que practican, es que son profundamente cobardes, a todos los niveles y siempre desean que los demás miremos para otro lado, mientras ellos hacen de las suyas. 

A finales de diciembre tuve que emprender viaje hacia España para someterme a estudios e intervenciones médicas. A pesar de que el Auto de Deportación lo había recurrido legalmente en tiempo y forma, Migración Colombia no respondió el recurso, ni en tiempo ni en forma, en ningún momento. Pero a mí me informan, verbalmente, en pleno Aeropuerto de "El Dorado" que el Oficial de Migración de Santa Marta, Moisés Alcendra, había metido en el Sistema que "tengo prohibido poder regresar a Colombia por 4 años".

A este Oficial, a Moisés Alcendra, lo vi en el Aeropuerto de Santa Marta cuando iniciaba mi viaje, pero lejos de decirme nada, salió apresuradamente, casi literalmente corriendo, a “esconderse en los baños" del Aeropuerto, intentando que yo no lo viera. Es lógico pensar que no tenia "miedo físico de mi", sino que él era perfectamente conocedor que había cometido una ilegalidad más, muestra que todo el Auto de Deportación que realizo fue fruto de un acto de corrupción más de los que debe realizar a diario y que sin haber contestado mi recurso la Entidad, el por su cuenta y riesgo había asentado en el Sistema una decisión, la de prohibirme regresar a Colombia, que en el mejor de los casos tenia carácter de acuerdo provisional y el la había hecho figurar ya como definitiva y firme, sin haber respondido a mi recurso.

Sin embargo, el actuó así, saltándose toda la legalidad y moralidad porque se siente protegido “por arriba”, siente e intuye que sus actos quedaran impunes, porque nadie toma medidas enérgicas y tajantes que combatan arbitrariedades y corruptelas como las que ha hecho, muy Probablemente no habrá sido la primera vez haya hecho esto. Es más, es muy probable que él sea consciente de que seguramente la única forma que existe para poner orden y las cosas en su sitio sea mediante una intervención directa de la Presidencia de la República y de su entorno, que fulmine a estos funcionarios corruptos de sus puestos y deroguen todas las medidas inmorales y corruptas que han estado tomando. A esto es a lo que llamamos hacer a Gustavo Petro y a la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República.

CORRUPCIÓN CERO AMPUTANDOLA DE LAS INSTITUCIONES

De forma periódica, en ocasiones un par de veces en la semana, otras semanalmente o unas cuantas veces al mes, podemos ver, leer o escuchar noticias que nos pretenden hacer creer que desde diferentes organismos del Estado se lleva a cabo una lucha seria contra la corrupción, que estamos viendo avances. Mucho nos tememos que eso forma mas parte de la publicidad que de la realidad objetiva.

Hoy mismo nos estamos desayunamos con noticias entorno a que “la fiscalía general de la Nación" está haciendo indagaciones relacionadas por corrupciones durante la Pandemia del Covid 19, que estarían relacionadas con los Gobernadores de Arauca, Magdalena, Vichada y San Andrés; así como con el Ministro de Agricultura y otros funcionarios del orden nacional”. Estaremos atentos y prestaremos atención a las novedades, pero no es la primera vez que intentan desde la Fiscalía, el fiscal general fue nombrado por el anterior Presidente y está siendo un claro anti-petrista, "implicar en ilícitos al Gobernador Carlos Gaicedo", por ser uno de los Gobernadores llamados progresistas o de izquierdas en todo el territorio colombiano. Parece existir gran interés en presentar la cabeza de Gaicedo, a manos de la llamada “justicia”, para hipócritamente intentar demostrar que "la corrupción no tiene color político, que también los de izquierdas son corruptos".

Nos “informan”, en algo bastante parecido a una campaña de publicidad institucional en favor del cuestionado Fiscal General, Francisco Barbosa, que en total la Fiscalía General ha dispuesto para estas investigaciones de corrupción alrededor de los presupuestos para la Pandemia del Covid-19, a un total de 9 Fiscales especializados y locales, con apoyo de 16 Asistentes de fiscales y un total de 80 Investigadores del CTI, que están recopilando material probatorio y solicitando información en 1.005 municipios del país, en 5 Distritos especiales y 8 Entidades de orden nacional, todo ello con el objetivo de verificar 31.938 contratos suscritos durante la emergencia sanitaria”.

En estos mismos momentos en los que escribimos estas líneas nos llega u Twitter de la Fiscalía General de la Nación, de Colombia, en donde por medio de su cuenta, @fiscaliaCol, informan que: "Fiscalía imputa a exministra de transporte Cecilia Álvarez por posibles irregularidades en el trámite y celebración de la adición del tramo Ocaña - Gamarra al proyecto Ruta del Sol II". 

Este tipo de noticias nos crea la sensación de que afrontar de esta forma la corrupción galopante en el país, con actos simbólicos y aislados, es lo mismo que el paciente que acude al despacho de un prestigioso Oncólogo confiando o pretendiendo le curen un cáncer ya con metástasis recibiendo recetas de aspirinas. Hay un viejo dicho español, que dice que "al toro hay que cogerlo por los cuernos".  Y aquí, en el caso de Colombia en concreto, Gustavo Petro y su gobierno debe de saber ya que la única forma de luchar seriamente contra el "cáncer de la corrupción es dándole la batalla de forma frontal, radical y en conjunto, de forma global, caiga quien caiga.  Es a todas luces de dominio publico las claras y directas implicaciones que en la corrupción, durante todos los periodos en el poder, han tenido y tienen los Álvaro Uribe, Gaviria, Zuluaga, Santos,.  Todos ellos, además, comparten las escandalosas corrupciones que pivotan alrededor del conocido como “caso Odebrecht”.

Hace unas semanas nos despachábamos con fuertes noticias de corruptelas, en el Departamento de la Guajira. Noticias que eran facilitadas por informes recabados por la Oficina de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, al frente de la cual esta Andrés Idárraga Franco.

Andrés Idárraga es abogado de la Universidad Libre y Magíster en Políticas Públicas. Trabajo en la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas, así como en varias entidades de la administración de Bogotá. Su cargo público más reciente era el de Director de Derechos Humanos en Bogotá, cargo al que renuncio en junio de 2021. Esta fecha no fue casual, ya que para dimitir del cargo envió una fuerte carta al que entonces era Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, en la que cuestionaba claramente la postura y la práctica del gobierno de la Capital, al gobierno de Claudia López, frente a las actuaciones y ordenes que se instruían a la Policía para que agredieran a los manifestantes durante el Paro Nacional de ese año.

Tras la victoria electoral, el año pasado, del Pacto Histórico, con Gustavo Petro y Francia Márquez al frente, un año después de ese enorme acontecimiento histórico en la reciente historia de Colombia, el PARO NACIONAL DE 2021, que puso contra las cuerdas textualmente al gobierno reaccionario del títere Iván Duque, Andrés Idarraga fue nombrado Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República.

El mismo Andrés, recientemente explicaba el porqué de su nombramiento y lo hacía de la siguiente forma, con estas palabras: “¿Sabe usted por qué un defensor de derechos humanos está al frente de la Secretaría de Transparencia? Porque la lucha contra la corrupción es una lucha por las garantías de derechos. La corrupción impide a los ciudadanos acceder a sus derechos”.   Así explicaba recientemente Andrés Idárraga Franco la decisión del presidente Gustavo Petro de nombrarlo para dirigir esta Dependencia gubernamental, en el plan de ruta del Gobierno en la lucha contra la corrupción, en donde Andrés debe diseñar las políticas de Transparencias en este terreno.

En las últimas semanas su nombre y su gestión se está haciendo bastante conocida y popular en toda Colombia, a raíz de las denuncias que viene realizando sobre la corrupción en el Departamento de La Guajira, que implicaría durante al menos los últimos veinte años a los sucesivos gobiernos de la derecha, a los dirigentes políticos de primer orden y al conjunto de sus lacayos en la región, junto a empresarios que siempre están ahí para recoger y llevarse a sus bolsillos los recursos públicos. Lo “novedoso del informe presentado por la Secretaria de Transparencia es que ha puesto, no nombres y apellidos, sobre la mesa a los fiscales y jueces, que durante décadas han prevaricado y han estado corrompidos para tapar y neutralizar en las fiscalías y en los juzgados la aplastante mayoría de las denuncias que se produjeron por corrupción en la Guajira.

Los datos facilitados por el Secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, son demoledores, sobre todo en un Departamento en donde periódicamente continúan falleciendo niños por desnutrición.  Transparencia de la Presidencia de la República ha concretado económicamente, de forma directa, en más de 85.700 millones de pesos colombianos el sistemático robo corrupto de los procesos guardados en las gavetas de las Fiscalías, sobre todo la Sexta de la Guajira, y en los Juzgados. Tenemos una gran cantidad de Contratos que se realizaron fuera de cualquier requisito legal para hacerlos, al igual que traspasos corruptos de grandes sumas a los bolsillos de los empresarios y funcionarios estatales, regionales y judiciales implicados. 

En estos últimos años, explica Andrés, el número de denuncias que llegaron por corrupción a la Fiscalía fueron  de 489 casos, de presunta celebración indebida de contratos, 466 por peculado, 177 por cohecho, 127 por concusión, 36 por enriquecimiento ilícito y una larga lista que sigue, sigue y sigue. En total han sido no menos de 1.800 Procesos. Pero, misterios de la vida y obra y gracia de las actuaciones corruptas: solamente han habido 30 condenas.

Cifras muy similares a las que se observan a nivel de la Corte Suprema de Justicia, lo mismo que de las investigaciones que deberían haber sido adelantadas por la Fiscalía General, delegada ante ese tribunal y que debería dedicarse a avanzar, sobre todo, en los casos en donde están involucrados “servidores públicos”, aforados como Congresistas, Ministros, Gobernadores, Magistrados o Generales de la fuerza pública.  En esta Corte Suprema de los 1.813 procesos judiciales, tan solo la ridícula y absurda cantidad de 6 han terminado con Sentencias Condenatorias.

Ante esta realidad objetiva, que supone un auténtico escándalo, solo caben dos posibilidades: o Colombia es un país que transpira y desborda honestidad y transparencia en todas sus altas esferas (de los grandes dueños del poder económico, de las instancias políticas, en los mandos policiales/militares, en las Fiscalías y los Jueces, o simple y llanamente los Fiscales que están para investigar los delitos son verdaderos inútiles, incapaces orgánicos de hacer un mínimo de su trabajo. O simplemente, como podemos sacar como conclusión, en las Fiscalías y Juzgados lo hacen terriblemente mal, a propósito y conscientemente.

Tras estas actuaciones de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el mismo Andrés Idárraga esta siendo amenazado de muerte, junto a su familia. Leemos en la web, nada sospechosa de "izquierdista", de RCN Radio que “Andrés Idárraga Franco, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, denunció que ha recibido amenazas".  En los mensajes que recibió, en su cuenta de Twitter, @Aidarragaf,  se le dice claramente que:  "No se ponga en riesgo ni exponga a su familia".

            "Las amenazas llegaron a través de mensajes de texto a mis dos líneas telefónicas, la personal y la institucional, de entrada me pone en alerta porque no todo el mundo tiene mis dos líneas telefónicas... Las amenazas básicamente buscan intimidarme a mí y a mi familia, insistiendo en que deje de buscar, que deje de esculcar, por lo que interfiero que hay personas que no quieren que la Secretaría de Transparencia siga indagando sobre algunos casos que están en curso y sobre los que tenemos pues todos los ojos". 

 LA METÁSTASIS DE LA CORRUPCIÓN EN COLOMBIA

Durante décadas y décadas, más de dos siglos, los colombianos y colombianas han sido víctimas de todo tipo de maltratos sociales, económicos y humanos, por el dominio que ejercen en la sociedad algo menos de 500 familias, que son las que controlan las principales empresas, bancos y negocios del país, incluyendo a los partidos políticos de la derecha, a determinadas cúpulas mal-llamadas sindicales, las redacciones de los principales y fundamentales medios de comunicación, el conjunto de los organismos del Estado (que controlados con mano de hierro por la burguesía solo sirven para los intereses bastardos de la clase dominante), y a través de todo ello, de sus claros vínculos con las mafias y clanes del narcotráfico y el paramilitarismo.

El hambre, la miseria y todo tipo de carencias para un mínimo futuro digno de seres humanos, siempre ha estado de la mano del control aplastante que esas 480 familias de súper-ricos en Colombia ha ejercido con mano de hierro, en donde el asesinato de líderes sociales, sindicales y de la militancia de la izquierda siempre estuvo al orden del día, en un estado de cosas en donde, como reconoció Mancuso, el DAS (ahora se denomina "Migración Colombia") servía para transmitir las ordenes de los gobernantes, que a su vez las recibían directamente de los jefes de esas 480 familias de ricachones, a los escuadrones de la muerte, conocidos como paramilitares. La corrupción, el narcotráfico, los asesinatos y el robo y saqueo de las propiedades de los campesinos pobres han sido y siguen siendo “el pan nuestro de cada día”.

Nos parece muy interesante y prometedor el trabajo que comienzan a realizar algunos sectores en el gobierno de Gustavo Petro, por el ejemplo el trabajo del Secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga Franco. Pero ya desde ahora le advertimos: no se puede tratar de convencer a un tigre de que se alimente de lechugas. Si se va a luchar contra la corrupción y el mundo paralelo al oficial que tienen montado, hay que hacerlo hasta sus últimas consecuencias y ello implica una lucha decidida y firme, llamando a las masas de la población de Colombia a movilizarse, a luchar, en contra de esa corrupción.

Nadie debería argumentar que no existen medios y recursos suficientes para poder desarrollar una política claramente en beneficio de los trabajadores, los campesinos, la juventud y el conjunto de los oprimidos por el capitalismo. Esa riqueza existe y está ahora mismo en manos de los mismos que desde las grandes empresas y sus acólitos están permanentemente enarbolando las banderas para derribar al gobierno de Gustavo Petro. Se trata de luchar porque sea la sociedad quien controle y gestione esa riqueza, que ha sido creada por la misma sociedad, pero que hasta ahora solo está en manos de un puñado de familias en Colombia, las familias de la burguesía. Y estas familias tienen miles de lazos visibles e invisibles con el narcotráfico, los paramilitares y los corruptos de todo pelaje.

            Es absolutamente necesario tomar rápidamente las medidas oportunas para revertir todos los problemas y males que crean los corruptos aliados a la clase dominante. Hay que expropiarles urgentemente todos los millones, miles de millones, que han estado robando durante décadas al pueblo de Colombia y hay que derogar todas las decisiones que tomaron fruto de esas corruptelas.

           ¡¡ En todo ello radica la importancia que tiene que el Gobierno de Gustavo Petro derogue, de forma urgente y firme, las medidas represivas que atentan contra los mas elementales derechos democráticos y humanos, que Migración Colombia ha tomado de forma corrupta junto al empresario Manuel Angello Moreno en contra de Salvador Pérez !!   

         Hacemos un llamamiento público y directo, a Gustavo Petro, al Ministerio de Exteriores y al Secretario de Transparencia, Andrés Idárraga Franco, a que actúen urgentemente y reviertan todos estos ataques corruptos en contra de Salvador Pérez.

           De la misma forma directa, te pedimos a ti que estas leyendo estas líneas, que participes y apoyes la campaña que estamos llevando a cabo exigiendo al gobierno de Gustavo Petro que, de una solución positiva, que intervenga ante los ataques de los corruptos en contra de Salvador Pérez. Te pedimos envíes a Presidencia de la República y al Ministerio de Exteriores la petición de que solucionen el asunto y pongan fin a la corrupción en Migración Colombia. 

            Como casi a diario está haciendo, Petro denuncia que existe un Plan para sacarlo del gobierno. Y no tenemos dudas de que existe. Es por ello que es urgente actué, él y su gobierno. Aquellos ministros e integrantes del Pacto histórico que proceden de la derecha no aceptaran, pues hay que solucionar eso. No podemos tener al enemigo dentro de nuestra casa, para que con el cuchillo entre los dientes, se preparen dispuestos a cortarnos el cuello.

          Hay que pasar a la acción en contra de los ataques de la reacción y la derecha a los planes de reformas de Petro y de la izquierda. En la sociedad existen de sobra para que el conjunto, todos, podamos tener una vida digna de verdaderos seres humanos, en Colombia y a nivel mundial: pero esa riqueza hoy por hoy es monopolio de unos pocos.  Es nuestra opinión que hay que proceder a expropiar, nacionalizando bajo el control democrático de los trabajadores, las palancas principales de la economía; los grandes bancos, corporaciones empresariales y grandes fincas de tierra en manos de la oligarquía.

    Hay que poner en práctica la expropiación de todos los bienes que son el producto del narcotráfico, junto con la nacionalización de las 500 empresas más grandes de Colombia, entre las que producen no menos de 300.000 millones y máximos de billones de Pesos cada año. Esta es la única opción, la única forma real y posible de poder llevar a cabo en la economía un verdadero Plan democrático de producción, bajo control democrático de los trabajadores, para dar solución a los problemas y crecientes necesidades que padece la mayoría de la población.

    Para los trabajadores y jóvenes colombianos, para sus organizaciones sociales, sindicales y políticas, para toda persona progresista y de izquierdas, debe quedar claro que debemos defender una política de SOLIDARIDAD DE CLASE, haciendo que en los oídos de los corruptos, de las mafias y clanes criminales, en la mente de la clase dominante reaccionaria en Colombia y en todo el mundo, resuene con claridad nuestra idea central.

Desde aquí nos dirigimos ante todo a los activistas, a los trabajadores, jóvenes, campesinos pobres, al conjunto de los oprimidos de Colombia, a que hagan oír sus voces, sus protestas y exijan al gobierno de Gustavo Petro que emprenda una lucha hasta el fondo en contra de todos estos clanes mafiosos y corruptos, para que el gobierno derogue los acuerdos de estos corruptos con las elites económicas dominantes en el país, acuerdos que atacan nuestros derechos mas fundamentales, como es el caso del que tomo Migración Colombia en Barranquilla-Santa Marta en contra de Salvador Pérez.

Solo confiamos y podemos confiar en la lucha de los oprimidos de Colombia e internacionalmente, una lucha consciente por cambiar el actual estado de cosas. Tenemos claro que no podemos confiar en la derecha reaccionaria, que son los que mueven los hilos de la corrupción y las mafias organizadas dentro y fuera del Estado colombiano, no confiamos en sus políticos que se apoyan en esas estructuras corruptas y desde luego no confiamos en aquellos otros, que aún llamándose dirigentes sindicales, por ejemplo, y que dicen defender los intereses del pueblo trabajador colombiano, a la hora de la verdad ante casos como este miran hacia otro lado y tienen su vista puesta en ascender posiciones, como simples burócratas que son, con el objetivo de pasar de "Presidente del Sindicato a Asambleísta del Departamento", por ejemplo. 

Al igual que confiamos en los oprimidos para luchar, también mostramos nuestro apoyo a aquellos Congresistas y Senadores/as de la izquierda colombiana, que honestamente intentan dar la batalla a los corruptos y "delincuentes de cuello blanco", a los cuales animamos a que cojan en sus manos este caso de Salvador Pérez y luchen porque el gobierno del compañero Petro cumpla con sus promesas electorales y ponga orden en la situación.

Todos/as Juntos/as, haciendo que nuestras voces se escuchen en el gobierno, dejando claro y nítido que,

¡¡ SI NOS TOCAN A UNO/A, NOS TOCAN A TODOS/AS !!

¡¡ BASTA DE IMPUNIDAD CON LOS CORRUPTOS!!