INFORME SOBRE LA CORRUPCION EN COLOMBIA

LA DEPORTACION/PROHIBICION ENTRADA DE SALVADOR PEREZ

 ¡PONER FIN A LA CORRUPCION EN COLOMBIA! 

* EL GOBIERNO PETRO DEBE DEROGAR EL ATAQUE CORRUPTO

DE MIGRACION COLOMBIA A SALVADOR PEREZ

¡¡ EXPULSAR A LOS/AS CORRUPTOS/AS DE LAS INSTITUCIONES !!

 

               El pasado 25 de abril de 2023, siendo las 16:30 horas local en Santa Marta (Colombia), en el correo electrónico de Salvador Pérez se recibe correo desde el e-mail institucional del Oficial de Migración Moisés Alcendra García, en donde le traslada “respuesta de Resolución N.º 20235020000226", de 18 de marzo de 2023, que contesta el Recurso presentado en contra del Auto de Deportación y prohibición de entrada por cuatro años a Colombia, el cual firmó la Directora Regional de Migración en Barranquilla, Joselina Giraldo Vicioso, el cual había elaborado el Oficial en Santa Marta, Moisés Alcendra.  

En esta pretendida respuesta al Recurso, Humberto Velásquez Ardila (Subdirector de Verificación Migratoria – Unidad  Administrativa Especial Migración Colombia), con generalidades y algún que otro comentario totalmente fuera de rigor legal, ratifica el Auto de Deportación y prohibición de entrada a Colombia. Estamos ante un Auto que fue fruto de una política consensuada, de corrupción y tráfico de influencias, entre altos cargos de Migración Colombia y el empresario de Morarci Group SAS, Manuel Angello Moreno. 


LA VERDAD QUE ESCONDEN PARA LA DEPORTACIÓN

            Es necesario explicar por anticipado que cualquier análisis, política y argumento que pretenda ser útil a la lucha de la mayoría de la sociedad para que podamos avanzar hacia adelante debe basarse ante todo y sobre todo en la verdad. Los únicos argumentos validos deben estar sustentados en datos, cifras y hechos concretos. Parafraseando al clásico de la literatura inglesa, "una rosa huele, debe oler, como una rosa y cierta sustancia orgánica huele siempre igual de mal, siempre, la llamen como quieran llamarla".  

      Por ello es necesario, exponiendo los datos concretos, que pongamos NOMBRES Y APELLIDOS, tanto a aquellas personas que se destacan por hacer lo correcto, como de aquellas personas que actúan como vulgares delincuentes, mafiosos y corruptos, y que representan y son un auténtico cáncer para la sociedad.  

           La directora regional de Migración Colombia en Barranquilla, Joselina Giraldo Vicioso, recibió a mediados del mes de abril de 2022 órdenes y encargo del Gerente de la empresa Morarci Group SAS, Manuel Angello Moreno, para que DEPORTARA de Colombia e impidiera poder regresar al país por años a Salvador Pérez. En el mes de mayo de 2022 el Oficial de Migración en Santa Marta, Moisés Alcendra García, comenzó a realizar “encargo”. Que el encargo se lo realizaran a este Oficial tampoco fue fortuito, porque el procede del antiguo DAS (Departamento Administrativo de Seguridad, de recuerdos macabros por las acciones que llevó a cabo en unidad con los Paramilitares, con acciones asesinas incluidas).  Este Oficial vino hasta mi propio domicilio en Santa Marta, aparentando gran amabilidad, lleno plenamente de hipocresías y con promesas de que la situación “irregular” la arreglaría. Moisés Alcendra tratando de dar ciertas apariencias de “legalidad” al encargo corrupto que tenía cumplió finalmente con el encargo que tenía: SACAR A SALVADOR PEREZ DE COLOMBIA, ALLANANDO CON ELLO EL CAMINO PARA QUE LOS HECHOS DE CORRUPCIÓN DE LA EMPRESA "MORARCI GROUP SAS" PUDIERAN SEGUIR IMPUNES

Durante meses, desde mayo hasta octubre de 2022, el Oficial Moisés Alcendra insistía reiteradamente que, tras la mejora en la situación en las fronteras, tras los largos meses de “todo cerrado por el Covid-19”, la situación migratoria "irregular" la arreglaría, ante la carencia de un sello en el Pasaporte, el cual había tenido que renovar en el Consulado español de Bogotá. Para ello, además, el Oficial insistió en que “legalizara la unión marital de hecho” con la mujer colombiana que convivía conmigo (para ello me dirigió a la Cámara de Comercio, en donde el trámite era tres veces más caro), trámite que finalmente realice en los Servicios Jurídicos de la Universidad del Magdalena. Esto también resulta curioso, porque hipócritamente más tarde Moisés Alcendra le quito validez legal a las actas elaboradas y legalizadas en los Servicios Jurídicos de la Universidad del Magdalena. 

Sin embargo, la situación y los planes de trabajo de Migración ya estaban decididos de antemano, desde el mes de abril de 2022, cuando recibieron las órdenes/encargo del empresario radicado en Barranquilla. El Oficial de Migración en Santa Marta, como tenía ordenado, elaboro el Auto para Deportarme y prohibirme la entrada a Colombia por 4 años y este Auto, aparentemente escrito por este Oficial, de aspecto torpe, fue el que  firmo la Directora Regional de Migración en Barranquilla, Joselina Giraldo Vicioso, la que había llegado al acuerdo corrupto con Manuel Angello Moreno, para impedir que Salvador Pérez continuara ayudando al trabajador que había sido durante años maltratado social, laboral, salarialmente durante años, para proceder a despedirlo ilegalmente.  He aquí en donde radica el origen y la verdadera causa de todo el procedimiento de Migración Colombia en contra de Salvador Pérez Díaz

Hay que decir que personalmente Salvador Pérez jamás conoció personalmente a este empresario, que en ningún momento tuvo interés en conocerlo, empresario al cual considera un simple lumpen. Por las cualidades humanas y por su comportamiento corrupto y mafioso, este empresario no es ni diferente a otros muchos: un lumpen-empresario, capaz de cualquier cosa, aún de las cosas más atroces que podamos pensar, por tener unos cuantos miles de pesos más sus cuentas de enormes y abultados beneficios, un despreciable ser humano capaz de dejar sin nada a quien sea, de robar literalmente al más pobre de los pobres, dejándolo sin un solo grano de arroz, de estos capaces de pagar en “dinero negro” cualquier cantidad en sus corruptelas diarias, con el siempre objetivo de obtener contratos con los organismos del Estado de forma corrupta, todo siempre evitando pagar a los trabajadores aquello que la legalidad manda, trabajadores que día a día son robados por este empresario en sus SALARIOS, NO PAGO DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS, LAS VACACIONES, LAS PRIMAS, LAS CESANTÍAS, LA SALUD, LA VEJEZ, …. 

Es por ello, con esta mentalidad de lumpen venidos a ricos, que cuando Fredy Raúl Carleo acudió a la Inspección de Trabajo de Santa Marta para que la empresa le pagara los atrasos que le debía, Manuel Angello Moreno mando desde Barranquilla a Santa Marta a no menos de 5 abogadas, las cuales se dedicaron a reunirse, almorzar, tomar “refrescos” en hoteles de la zona del propio Ministerio de Trabajo entre otros sitios, con los Inspectores de Trabajo (William Orlando Correa Lozano y Alejandro Alfonso Núñez Rodríguez), ambos implicados y denunciados penalmente en este caso.  Desde el principio William Orlando Correa Lozano dio la impresión de ser el “auténtico jefe del Clan mafioso y corrupto” en el Ministerio de Trabajo del Magdalena, con una red de funcionarios corruptos que operaban a sus anchas dentro de las estructuras internas del Ministerio.  

Lejos de hipocresías y argucias tan habituales en estos círculos de plena corrupción de responsables en los Ministerios, todo esto llego a reconocerlo verbalmente, en su propio despacho, la que era en ese momento directora regional del Min. de Trabajo en el Magdalena, Claudia Luz López Ramos, quien, tras el proceder impresentable del Inspector William Orlando Correa Lozano, en las mismas puertas del Ministerio, amenazándome e insultándome por mi origen español, al tiempo que me acusaba de estar “arruinando su negocio” (palabras textuales). 

Esta situación quedo Radicada en Denuncia Penal, ante la Fiscalía General de la Nación, N.º 470016099369202251242. Este Inspector de Trabajo defendía "su negocio” en las mismas puertas del Ministerio de Trabajo, amenazándome, insultándome, después de bajarse de un taxi a las 16:30 horas, tras un buen almuerzo con la abogada y directivos de Morarci Group, en un hotel cercano al Ministerio Trabajo. Toda una escena digna de la película de Don Vito Andolini Corleone, donde torpemente este corrupto Inspector pretendía parecerse algo así como a “El Padrino”, con botella de whisky caro en fotos de su Face.  Pero no es de extrañar a nadie, ya que este llamado Inspector lleva más de 25 años, en el mismo sitio, haciendo lo mismo, con un guion establecido en el Ministerio de Trabajo y al parecer nadie había “protestado mucho”., al carecer de medios y conocimientos para ello. 

¿O sí?... 

Durante aquellos meses llegaron diversos trabajadores a contarme, mostrándome documentos de ello, como habían padecido el mismo "modus operandi" por parte de este mismo personaje, quien además cobra buen sueldo de los impuestos que pagan sobre todo las propias familias trabajadoras colombianas, que nutren el grueso de los presupuestos del Estado. Su modo de actuar corrupto es: recoge los datos a los trabajadores, con esos datos en su poder personalmente acude a la empresa, se reúne con el empresario y le "saca la mordida" a la empresa para su bolsillo, procediendo a continuación a dejar al trabajador sin derechos, sin nada. 

Todo muy primitivo y rudimentario, pero que durante mas de dos décadas lleva practicando y hasta ahora le ha funcionado muy bien, ya que desde los órganos ministeriales superiores nunca han hecho nada para cortar está clara corrupción. William Orlando Correa se ha permitido así pagar las carreras universitarias a sus hijos, haciéndolos abogados laboralistas, al igual que a otros familiares, a los cuales ha montado un despacho profesional de derecho laboral. Posiblemente estas actuaciones corruptas le han permitido también ser muy conocido en el mundo de la fiesta nocturna de la ciudad de Santa Marta.  

Al objeto de que se llegue hasta las últimas consecuencias de todo este escabroso asunto es por lo que presente conscientemente Denuncia Penal ante la F.G.N., contra él y contra quienes estaban pagando suculentas cantidades al bolsillo de los corruptos, para dejar sin derechos laborales, ni de ningún tipo, al trabajador maltratado. A ello es a lo que se ha dedicado más de dos décadas William Orlando Correa Lozano (uy, perdón. tal vez quiere que lo llamemos “Don Vito Corleone”). Pero esto, todo ello, es necesario decirlo, de forma clara y nítida.  

Como la Directora Regional del Ministerio de Trabajo insistió en asignarle a Fredy Raúl un nuevo Inspector, acudimos a las reuniones con el mismo, Alejandro Alfonso Núñez Rodríguez, quien desde el principio procedió a “cubrir las ilegalidades del Inspector anterior”William Orlando Correa, en plena sincronía con la empresa. Hasta el punto de preparar todo para llegar al punto en donde todo estaba concertado con la abogadas de la empresa, para que esta el ultimo día, en el último minuto, con cara un poco avergonzada, dijera para el Acta que  “la empresa no quería negociar nada”. 

        De esta forma, en la medida en que era claro y evidente que todo formaba parte de un mismo entramado corrupto, procedimos a formular Denuncia Penal, por “CONCIERTO PARA DELINQUIR” ante la Fiscalía General de la Nación, con el Radicado N.º 470016099369202251356, en donde están inmersos de ese delito, junto a los de corrupción y cohecho, las siguientes personas: Alejandro Alfonso Núñez Rodríguez, William Orlando Correa Lozano (Inspectores de Trabajo), Claudia Luz López Ramos (Directora Regional Ministerio Trabajo en el Magdalena), Maryuris Mileth Pareja Barrios (Coordinadora Inspección), Manuel  Angello Moreno Arciniegas (Gerente de Morarci Group Sas),  Yadis Ferreira Mugno y  Edith Paulin Polo Rivero (abogadas Sociedad Morarci Group Sas), por los delitos de Prevaricación y Concierto para Delinquir. 

Igualmente, por aquellas fechas ayude al trabajador Fredy Raúl Carleo Pacheco a formular denuncias, por los graves hechos de corrupción que estábamos viviendo y sufriendo, ante la PROCUDADURIA GENERAL DE LA NACION (Radicado N.º. IUS E-2022- 23326652, la cual hicieron remisión a la Oficina de Control Interno Disciplinaria del Ministerio de Trabajo por competencias para sancionar, con el Radicado Nº IUC D-2022-169743), SUPERINTENDENCIA, LA PERSONERIA DISTRITAL DE SANTA MARTA, ANTE EL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DEL MINISTERIO DE TRABAJO (Radicado N.º. 05EE2022430000000011841, de 3 de marzo de 2022, en Expediente abierto con el N.º. 053 de 2022), mantuvimos varias reuniones con GOBERNACION DEL MAGDALENA, Y como hemos dicho, las dos denuncia penales ante la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, la primera firmada por Salvador Pérez Díaz y la segunda por Fredy Raúl Carleo Pacheco. 

Era más que evidente que todo lo que habían venido haciendo, de forma despótica, grotesca y corrupta, entre altos funcionarios de los organismos del Estado colombiano y el empresario y sus representantes de Morarci Group SAS, además de corrupción, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación, además cerraba el circulo del "CONCIERTO PARA DELINQUIR".  

Una empresa, Morarci Group SAS que obtiene sus suculentos beneficios, inflados, de los contratos que mantiene con los diferentes organismos del Estado colombiano y que ahora estaban siendo puestos en evidencia, se les estaba cuestionando su proceder y se les estaba dando la batalla legal y socialmente. Y aquí radica la causa central, fundamental, del porque este lumpen empresario, Manuel Angello Moreno, ya en el mes de abril del 2022 llamo y pago corruptamente a altas funcionarias de Migración Colombia, desde una región como es Barranquilla en la que jamás viví, para que le hicieran el trabajo de sacarme del país, de Deportarme y prohibirme regresar durante años a Colombia, a pesar de que tengo una relación familiar firme en Santa Marta. 

Es claro que Joselina Giraldo Vicioso, la Directora Regional de Migración Colombia en Barranquilla, acepto el encargo de trabajo le hizo el empresario y es claro que ella ordeno, no tengo dudas al respecto tampoco, de forma corrupta también al Oficial de migración en Santa Marta, Moisés Alcendra García, para que ejecutara el encargo de sacarme del país, dejando vía libre al corrupto empresario, que se libraba de la “piedra en el zapato”, que suponía el apoyo que durante meses preste al trabajador despedido de Morarci Group,  Fredy Raúl Carleo Pacheco. 

Hay un conocido y antiguo dicho popular, que explica y afirma lo siguiente: “No hay peor ciego que el que ya vio la realidad y decide volver a cerrar los ojos”.   Esto, además, supone un grave y serio peligro para aquellos que luchamos por la justicia social, por una sociedad basada en la justicia, la igualdad social, lejos de los funcionamientos corruptos de funcionarios y empresarios.  Es más, quien ve con sus propios ojos y se niega a aceptar lo que está viendo, no es neutral, sino que pueda pensar lo que piense está sirviendo de sostenedores del lamentable estado de cosas que crea y producen los actos de corrupción, digan lo que digan luego para justificarse.  

"Nada hay nuevo bajo el sol", dice el refrán. Los casos de clara corrupción en organismos como Migración Colombia son periódicos y constantes. Por citar dos medios de comunicación colombianos, en dos noticias diferentes, por cierto ambas hacen referencia a la corrupción en Migración Colombia en el Atlántico (Barranquilla), dejamos aquí constancia de lo siguiente: 

Junio 08, 2022 - Editorial  "EL HERALDO" 

“¿POR QUÉ OTRA VEZ CORRUPCIÓN EN MIGRACIÓN Y LA REGISTRADURÍA? 

   Con pruebas suficientes, EL HERALDO denuncia una red criminal en el interior de Migración Colombia y la Registraduría que opera en puestos de control terrestres y aéreos del país. Los hechos son contundentes. Es necesario depurar las entidades y fortalecer sus buenas prácticas ante tanta corrupción.  

   “Hace tres años, EL HERALDO reveló cómo operaba un entramado ilegal que cobraba un promedio de 1,5 millones de pesos por ‘legalizar’ a migrantes en la sede Centro de la entidad, en Barranquilla. En 2016, la Fiscalía General capturó a siete personas, cinco de ellas registradores activos, señalándolos de integrar una red dedicada a expedir documentos a extranjeros de varios países en las oficinas de Malambo, Candelaria, Ponedera, Luruaco y Santo Tomás”. 

 Revista   "SEMANA"

              “La Fiscalía General les imputará, en una audiencia unificada, los delitos de concierto para delinquir, tráfico de migrantes y falsificación material de documento público. El mega operativo, que también contó con el apoyo del FBI y la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas e Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (ICE/HSI), se realizó en los departamentos de Córdoba, Magdalena, Cesar, La Guajira y Atlántico. 

            Los dos oficiales de Migración Colombia, que trabajaban en la regionales del Atlántico y de La Guajira, tenían una participación clave en esta organización puesto que eran los encargados de filtrar documentación privilegiada y realizar acciones para que se omitieran los controles en los diferentes aeropuertos”. 

Corruptos que desean ambiente "tranquilo" 

En octubre de 2022 fui entrevistado por un oficial Investigador del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación), el cual al leer la denuncia por escrito que esta presentada ante la Fiscalía 30 de Santa Marta, en contra del Inspector de Trabajo, William Orlando Correa Lozano, y por consiguiente también contra la empresa Morarci Group SAS y su Gerente, me dijo dos cosas:  1.- “Que no hacía falta me preguntara nada sobre el asunto, que todo estaba muy claro y que ordenaba, como así hizo, Protección policial de mi vida y de mi entorno familiar.  2.- Que era evidente que los denunciados eran elementos potencialmente peligrosos, además con grandes medios económicos en sus manos, al extremo que podían decidir, en un momento determinado, atentar contra mí”.   Hasta hoy esas medidas siguen vigente y las dos denuncias penales activas en Fiscalía. 

A finales de año 2022, conjuntamente con diferentes militantes, dirigentes y activistas internacionalistas de varios países de Latinoamérica, hicimos una exitosa campaña de protestas ante la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, EL MINISTERIO DE EXTERIORES Y MIGRACIÓN COLOMBIA, pidiendo al Presidente G. Petro y al Ministro, de Exteriores, que intervinieran personalmente y procedieran a derogar las medidas represivas que Migración Colombia había realizado en mi contra y que atentan contra mis derechos sociales, humanos, políticos y familiares.   

En esta campaña participaron, entre otros/as,  las Confederaciones sindicales (CSP - CONLUTAS de Brasil, UNSITRAGUA de Guatemala, FETIP de Perú, la Vicepresidencia de la FEDERACION SINDICAL MUNDIAL -FSM- en Uruguay), diferentes sindicatos importantes del profesorado, la minería, dirigentes políticos de izquierdas en EEUU – Brasil, parlamentarios/as brasileños, el GRUPO OBRERO INTERNACIONALISTA (GOI-PALAVRA OPERARIA) de Brasil, Bancada Feminista de Sao Paulo, la CTC de Magdalena, la Federación Provincial de Asociaciones Vecinos Solidaridad de Málaga, … 

Con respecto a los frutos de esta campaña cabe destacar que estos corruptos en Migración Colombia estuvieron sin abrir la boca durante meses y meses, lo que provocó una nueva anormalidad e ilegalidad, al dejar el recurso que interpuse sin contestar en forma alguna, hasta que “pudieron recuperarse” de los efectos de la campaña y Humberto Velásquez Ardila (subdirector de Verificación Migratoria – Unidad Administrativa Especial Migración Colombia) firmo la resolución que confirma el Auto. Si fue el o lo hicieron desde Barranquilla-Santa Marta utilizando su firma. Pero en su “contestación” mucho nos tememos que está lejos, muy lejos, de cumplir los compromisos del gobierno de Petro de lucha contra la corrupción y para ello recurre al “argumento” de que la Deportación que han aprobado no impide que Salvador Pérez pueda vivir con su mujer colombiana en España o cualquier otro sitio del planeta...   ¡¡ Faltaría más, a menos él quiera ejecutar mi muerte!! 

Cuando uno lee “Resoluciones que resuelven recursos”, como la que aparentemente ha escrito Humberto Velásquez Ardila, a uno le acude a la mente la idea de ese gran pensador, de Voltaire (desconozco si ha sido leído alguna vez por el Sr. Humberto), cuando afirmaba que “el ultimo grado de perversidad es hacer servir las leyes para la injusticia”.  A Humberto Velásquez le ha faltado escribir en su resolución que “Salvador Pérez puede vivir con su mujer en cualquier otro sitio del planeta, menos en Colombia, en donde está un empresario que gasta mucho en corromper a funcionarios del Estado, pero muy poco en cumplir con sus obligaciones de pago a sus trabajadores”.  La ignorancia nunca le ha sido útil a nadie, en este caso concreto debemos de suponer que tampoco le será útil a Humberto Velásquez. 

Humberto Velásquez, que por su forma de escribir las resoluciones es bastante seguro nunca le den un premio literario, ni doctorado en Derecho, le faltó decir algunas cosas más, para defender a subordinados suyos que están prevaricando claramente y de forma corrupta para defender a un lumpen - empresario, que cuando se vio en peligro para seguir haciendo impunemente de las suyas, ordeno a sus infiltrados en Migración le solucionaran el problema. Pero todo esto carece de importancia, porque Humberto Velásquez ha decidido estar al lado opuesto del que tendrá que estar, que sería ayudar al gobierno del presidente Petro a luchar contra la corrupción en los organismos del Estado colombiano. Humberto, llegados a este punto, dejo de razonar y de pensar y apoya lo de siempre, a los suyos, a sus "Vitos Corleone" en Migración Colombia. 

Así las cosas, no nos extraña en absoluto que este tipo de cosas continúen produciéndose, en instituciones acostumbradas durante décadas y décadas a funcionar de forma cohesionada con todo lo más reaccionario que hubo y ahí en la sociedad colombiana. Migración Colombia, no lo olvidamos, es el organismo heredero del DAS, el Departamento que utilizaban los gobernantes reaccionarios y podridos para impartir las órdenes y trabajo con sus bandas paramilitares, como recientemente nos recordó en sus declaraciones Salvatore Mancuso, ex Segundo al Mando de los paramilitares de las AUC, según sus propios testimonios ofrecidos voluntariamente. 

Lo que, si nos sorprende, un poco mucho la verdad, es el silencio que hasta ahora ha mantenido Gustavo Petro y su entorno con respecto al asunto de la Deportación de Salvador Pérez. Si no se pronuncian de forma rápida y contundente, estarán siendo cómplices de toda esta cadena de actividades corruptas y mafiosas, como hemos explicado, que son un verdadero atentado a los derechos democráticos, sociales y humanos en contra de Salvador Pérez, cuyo único delito ha sido ser solidario con un trabajador maltratado por los corruptos empresariales y de organismos gubernamentales. 

Llegados a este punto, ya no bastan simples palabras, discursos retóricos, ni realizar actos aislados. Es el momento de que el gobierno de Petro afronte de verdad una batalla a fondo en contra de toda la podredumbre y corrupción. Es hora de cumplir con la promesa electoral de “tolerancia 0 con la corrupción”.  La debilidad invita a la agresión. Los poderosos, los dueños y señores de las grandes empresas, de los principales medios de comunicación, los verdaderos jefes de los clanes mafiosos y corruptos, en la medida en que solo ven muchas palabras y bellos discursos, pero pocas medidas prácticas para cumplir fielmente el programa de gobierno se animan más y más a desafiarlos y poner en entredicho la propia continuidad de Petro al frente del gobierno. 

Aquí viene a la mente algo que explicaba el viejo luchador, fundador del sindicato “Comisiones Obreras" español, quien en plena clandestinidad durante la oscura dictadura franquista en España, Marcelino Camacho decía: “Ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar”.   Es bien sabido que una de las características de los corruptos y mafiosos es, junto a todo tipo de las perversiones sociales que practican, que son profundamente cobardes, a todos los niveles y siempre desean que los demás miremos para otro lado, mientras ellos hacen de las suyas.  

A finales de diciembre tuve que emprender viaje hacia España para someterme a estudios e intervenciones médicas. A pesar de que el Auto de Deportación lo había recurrido legalmente en tiempo y forma, Migración Colombia no respondió el recurso, ni en tiempo ni en forma, en ningún momento. Pero a mí me informan, verbalmente, en pleno Aeropuerto de "El Dorado" que el Oficial de Migración de Santa Marta, Moisés Alcendra, había metido en el Sistema que "tengo prohibido poder regresar a Colombia por 4 años". 

A este Oficial, a Moisés Alcendra, lo vi en el Aeropuerto de Santa Marta cuando iniciaba mi viaje, pero lejos de decirme nada, salió apresuradamente, casi literalmente corriendo, a “esconderse en los baños" del Aeropuerto, intentando que yo no lo viera. Es lógico pensar que no tenia "miedo físico de mi", sino que él era perfectamente conocedor que había cometido una ilegalidad más, muestra que todo el Auto de Deportación que realizo fue fruto de un acto de corrupción más de los que debe realizar a diario y que sin haber contestado mi recurso la Entidad, el por su cuenta y riesgo había asentado en el Sistema una decisión, la de prohibirme regresar a Colombia, que en el mejor de los casos tenia carácter de acuerdo provisional y el la había hecho figurar ya como definitiva y firme, sin haber respondido a mi recurso. 

Sin embargo, el actuó así, saltándose toda la legalidad y moralidad porque se siente protegido “por arriba”, siente e intuye que sus actos quedaran impunes, porque nadie toma medidas enérgicas y tajantes que combatan arbitrariedades y corruptelas como las que ha hecho, muy Probablemente no habrá sido la primera vez haya hecho esto. Es más, es muy probable que él sea consciente de que seguramente la única forma que existe para poner orden y las cosas en su sitio sea mediante una intervención directa de la Presidencia de la República y de su entorno, que fulmine a estos funcionarios corruptos de sus puestos y deroguen todas las medidas inmorales y corruptas que han estado tomando. A esto es a lo que llamamos hacer a Gustavo Petro y a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. 

ACABAR CON LA CORRUPCIÓN, CAMBIANDO LA SOCIEDAD 

De forma periódica, en ocasiones un par de veces en la semana, otras semanalmente o unas cuantas veces al mes, podemos ver, leer o escuchar noticias que nos pretenden hacer creer que desde diferentes organismos del Estado se lleva a cabo una lucha seria contra la corrupción, que estamos viendo avances. Mucho nos tememos que eso forma mas parte de la publicidad que de la realidad objetiva.

        Hoy mismo nos estamos desayunamos con noticias entorno a que “la Fiscalía General de la Nación" está haciendo indagaciones relacionadas por corrupciones durante la Pandemia del Covid 19, que estarían relacionadas con los Gobernadores de Arauca, Magdalena, Vichada y San Andrés; así como con el Ministro de Agricultura y otros funcionarios del orden nacional”. Estaremos atentos y prestaremos atención a las novedades, pero no es la primera vez que intentan desde la Fiscalía, el fiscal general fue nombrado por el anterior Presidente y esta siendo un claro anti petrista, "implicar en ilícitos al Gobernador Carlos Gaicedo", por ser uno de los Gobernadores llamados progresistas o de izquierdas en todo el territorio colombiano. Parece existir gran interés en presentar la cabeza de Gaicedo, a manos de la llamada “justicia”, para hipócritamente intentar demostrar que "la corrupción no tiene color político, que también los de izquierdas son corruptos". 

Nos “informan”, en algo bastante parecido a una campaña de publicidad institucional en favor del cuestionado Fiscal General, Francisco Barbosa, que en total la Fiscalía General ha dispuesto para estas investigaciones de corrupción alrededor de los presupuestos para la Pandemia del Covid-19, a un total de 9 Fiscales especializados y locales, con apoyo de 16 Asistentes de fiscales y un total de 80 Investigadores del CTI, que están recopilando material probatorio y solicitando información en 1.005 municipios del país, en 5 Distritos especiales y 8 Entidades de orden nacional, todo ello con el objetivo de verificar 31.938 contratos suscritos durante la emergencia sanitaria”. 

En estos mismos momentos en los que escribimos estas líneas nos llega u Twitter de la fiscalía general de la Nación, de Colombia, en donde por medio de su cuenta, @fiscaliaCol, informan que: "Fiscalía imputa a exministra de transporte Cecilia Álvarez por posibles irregularidades en el trámite y celebración de la adición del tramo Ocaña - Gamarra al proyecto Ruta del Sol II".  

Este tipo de noticias nos crea la sensación de que afrontar de esta forma la corrupción galopante en el país, con actos simbólicos y aislados, es lo mismo que el paciente que acude al despacho de un prestigioso Oncólogo confiando o pretendiendo le curen un cáncer ya con metástasis recibiendo recetas de aspirinas. Hay un viejo dicho español, que dice que "al toro hay que cogerlo por los cuernos".  Y aquí, en el caso de Colombia en concreto, Gustavo Petro y su gobierno debe de saber ya que la única forma de luchar seriamente contra el "cáncer de la corrupción es dándole la batalla de forma frontal, radical y en conjunto, de forma global, caiga  quien caiga.  Es a todas luces de dominio publico las claras y directas implicaciones que en la corrupción, durante todos los periodos en el poder, han tenido y tienen los Álvaro Uribe, Gaviria, Zuluaga, Santos,….  Todos ellos, además, comparten las escandalosas corrupciones que pivotan alrededor del conocido como “caso Odebrecht”. 

Hace unas semanas nos despachábamos con fuertes noticias de corruptelas, en el Departamento de la Guajira. Noticias que eran facilitadas por informes recabados por la Oficina de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, al frente de la cual esta Andrés Idárraga Franco. 

Andrés Idárraga es abogado de la Universidad Libre y Magíster en Políticas Públicas. Trabajo en la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas, así como en varias entidades de la administración de Bogotá. Su cargo público más reciente era el de director de Derechos Humanos en Bogotá, cargo al que renuncio en junio de 2021. Esta fecha no fue casual, ya que para dimitir del cargo envió una fuerte carta al que entonces era Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, en la que cuestionaba claramente la postura y la práctica del gobierno de la Capital, al gobierno de Claudia López, frente a las actuaciones y ordenes que se instruían a la Policía para que agredieran a los manifestantes durante el Paro Nacional de ese año. 

Tras la victoria electoral, el año pasado, del Pacto Histórico, con Gustavo Petro y Francia Márquez al frente, un año después de ese enorme acontecimiento histórico en la reciente historia de Colombia, el PARO NACIONAL DE 2021, que puso contra las cuerdas textualmente al gobierno reaccionario del títere Iván Duque, Andrés Idarraga fue nombrado Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. 

El mismo Andrés, recientemente explicaba el porqué de su nombramiento y lo hacía de la siguiente forma, con estas palabras: “¿Sabe usted por qué un defensor de derechos humanos está al frente de la Secretaría de Transparencia? Porque la lucha contra la corrupción es una lucha por las garantías de derechos. La corrupción impide a los ciudadanos acceder a sus derechos”.   Así explicaba recientemente Andrés Idárraga Franco la decisión del presidente Gustavo Petro de nombrarlo para dirigir esta Dependencia gubernamental, en el plan de ruta del Gobierno en la lucha contra la corrupción, en donde Andrés debe diseñar las políticas de Transparencias en este terreno. 

En las últimas semanas su nombre y su gestión se está haciendo bastante conocida y popular en toda Colombia, a raíz de las denuncias que viene realizando sobre la corrupción en el Departamento de La Guajira, que implicaría durante al menos los últimos veinte años a los sucesivos gobiernos de la derecha, a los dirigentes políticos de primer orden y al conjunto de sus lacayos en la región, junto a empresarios que siempre están ahí para recoger y llevarse a sus bolsillos los recursos públicos. Lo “novedoso del informe presentado por la Secretaria de Transparencia es que ha puesto, no nombres y apellidos, sobre la mesa a los fiscales y jueces, que durante décadas han prevaricado y han estado corrompidos para tapar y neutralizar en las fiscalías y en los juzgados la aplastante mayoría de las denuncias que se produjeron por corrupción en la Guajira. 

Los datos facilitados por el Secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, son demoledores, sobre todo en un Departamento en donde periódicamente continúan falleciendo niños por desnutrición.  Transparencia de la Presidencia de la República ha concretado económicamente, de forma directa, en más de 85.700 millones de pesos colombianos el sistemático robo corrupto de los procesos guardados en las gavetas de las Fiscalías, sobre todo la Sexta de la Guajira, y en los Juzgados. Tenemos una gran cantidad de Contratos que se realizaron fuera de cualquier requisito legal para hacerlos, al igual que traspasos corruptos de grandes sumas a los bolsillos de los empresarios y funcionarios estatales, regionales y judiciales implicados.  

En estos últimos años, explica Andrés, el número de denuncias que llegaron por corrupción a la Fiscalía fueron de 489 casos, de presunta celebración indebida de contratos, 466 por peculado, 177 por cohecho, 127 por concusión, 36 por enriquecimiento ilícito y una larga lista que sigue, sigue y sigue. En total han sido no menos de 1.800 Procesos. Pero, misterios de la vida y obra y gracia de las actuaciones corruptas: solamente ha habido 30 condenas. 

Cifras muy similares a las que se observan a nivel de la Corte Suprema de Justicia, lo mismo que de las investigaciones que deberían haber sido adelantadas por la fiscalía general, delegada ante ese tribunal y que debería dedicarse a avanzar, sobre todo, en los casos en donde están involucrados “servidores públicos”, aforados como Congresistas, ministros, Gobernadores, Magistrados o Generales de la fuerza pública.  En esta Corte Suprema de los 1.813 procesos judiciales, tan solo la ridícula y absurda cantidad de 6 han terminado con Sentencias Condenatorias. 

Ante esta realidad objetiva, que supone un auténtico escándalo, solo caben dos posibilidades: o Colombia es un país que transpira y desborda honestidad y transparencia en todas sus altas esferas (de los grandes dueños del poder económico, de las instancias políticas, en los mandos policiales/militares, en las Fiscalías y los Jueces, o simple y llanamente los Fiscales que están para investigar los delitos son verdaderos inútiles, incapaces orgánicos de hacer un mínimo de su trabajo. O simplemente, como podemos sacar como conclusión, en las Fiscalías y Juzgados lo hacen terriblemente mal, a propósito, y conscientemente. 

Tras estas actuaciones de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el mismo Andrés Idárraga está siendo amenazado de muerte, junto a su familia. Leemos en la web, nada sospechosa de "izquierdista", de RCN Radio que “Andrés Idárraga Franco, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, denunció que ha recibido amenazas".  En los mensajes que recibió, en su cuenta de Twitter, @Aidarragaf,  se le dice claramente que:  "No se ponga en riesgo ni exponga a su familia". 

                "Las amenazas llegaron a través de mensajes de texto a mis dos líneas telefónicas, la personal y la institucional, de entrada, me pone en alerta porque no todo el mundo tiene mis dos líneas telefónicas... Las amenazas básicamente buscan intimidarme a mí y a mi familia, insistiendo en que deje de buscar, que deje de esculcar, por lo que interfiero que hay personas que no quieren que la Secretaría de Transparencia siga indagando sobre algunos casos que están en curso y sobre los que tenemos pues todos los ojos". 

METÁSTASIS DE LA CORRUPCIÓN EN COLOMBIA 

Durante décadas y décadas, más de dos siglos, los colombianos y colombianas han sido víctimas de todo tipo de maltratos sociales, económicos y humanos, por el dominio que ejercen en la sociedad algo menos de 500 familias, que son las que controlan las principales empresas, bancos y negocios del país, incluyendo a los partidos políticos de la derecha, a determinadas cúpulas mal-llamadas sindicales, las redacciones de los principales y fundamentales medios de comunicación, el conjunto de los organismos del Estado (que controlados con mano de hierro por la burguesía solo sirven para los intereses bastardos de la clase dominante), y a través de todo ello, de sus claros vínculos con las mafias y clanes del narcotráfico y el paramilitarismo. 

El hambre, la miseria y todo tipo de carencias para un mínimo futuro digno de seres humanos, siempre ha estado de la mano del control aplastante que esas 480 familias de súper-ricos en Colombia ha ejercido con mano de hierro, en donde el asesinato de líderes sociales, sindicales y de la militancia de la izquierda siempre estuvo al orden del día, en un estado de cosas en donde, como reconoció Mancuso, el DAS (ahora se denomina "Migración Colombia") servía para transmitir las ordenes de los gobernantes, que a su vez las recibían directamente de los jefes de esas 480 familias de ricachones, a los escuadrones de la muerte, conocidos como paramilitares. La corrupción, el narcotráfico, los asesinatos y el robo y saqueo de las propiedades de los campesinos pobres han sido y siguen siendo “el pan nuestro de cada día”. 

Nos parece muy interesante y prometedor el trabajo que comienzan a realizar algunos sectores en el gobierno de Gustavo Petro, por el ejemplo el trabajo del Secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga Franco. Pero ya desde ahora le advertimos: no se puede tratar de convencer a un tigre de que se alimente de lechugas. Si se va a luchar contra la corrupción y el mundo paralelo al oficial que tienen montado, hay que hacerlo hasta sus últimas consecuencias y ello implica una lucha decidida y firme, llamando a las masas de la población de Colombia a movilizarse, a luchar, en contra de esa corrupción. 

Nadie debería argumentar que no existen medios y recursos suficientes para poder desarrollar una política claramente en beneficio de los trabajadores, los campesinos, la juventud y el conjunto de los oprimidos por el capitalismo. Esa riqueza existe y está ahora mismo en manos de estos que desde las grandes empresas y sus acólitos están permanentemente enarbolando las banderas para derribar al gobierno de Gustavo Petro. Se trata de luchar porque sea la sociedad quien controle y gestione esa riqueza, que ha sido creada por la misma sociedad, pero que hasta ahora solo está en manos de un puñado de familias en Colombia, las familias de la burguesía. Y estas familias tienen miles de lazos visibles e invisibles con el narcotráfico, los paramilitares y los corruptos de todo pelaje.      

 Es absolutamente necesario tomar rápidamente las medidas oportunas para revertir todos los problemas y males que crean los corruptos aliados a la clase dominante. Hay que expropiarles urgentemente todos los millones, miles de millones, que han estado robando durante décadas al pueblo de Colombia y hay que derogar todas las decisiones que tomaron fruto de esas corruptelas. 

      ¡¡ En ello radica la principal importancia que tiene que el Gobierno de Gustavo Petro derogue, de forma urgente y firme, las medidas represivas que atentan contra los más elementales derechos democráticos y humanos, que Migración Colombia ha tomado de forma corrupta junto al empresario Manuel Angello Moreno en contra de Salvador Pérez!!         

  Hacemos un llamamiento público y directo, a Gustavo Petro, al ministro Álvaro Leyva y al Secretario de Transparencia, Andrés Idárraga Franco, a que actúen urgentemente y reviertan todos estos ataques corruptos en contra de Salvador Pérez.     

   De la misma forma directa, te pedimos a ti que estas leyendo estas líneas, que participes y apoyes la campaña que estamos llevando a cabo exigiendo al gobierno de Gustavo Petro que, de una solución positiva, que intervenga ante los ataques de los corruptos en contra de Salvador Pérez. Te pedimos envíes a Presidencia de la República y al Ministerio de Exteriores la petición de que solucionen el asunto y pongan fin a la corrupción en Migración Colombia.  

Como casi a diario está haciendo, Petro denuncia que existe un Plan para sacarlo del gobierno. Y no tenemos dudas de que existe. Es por ello que es urgente actué, él y su gobierno. Aquellos ministros e integrantes del Pacto histórico que proceden de la derecha no aceptaran, pues hay que solucionar eso. No podemos tener al enemigo dentro de nuestra casa, para que con el cuchillo entre los dientes, se preparen dispuestos a cortarnos el cuello. 

      Hay que pasar a la acción en contra de los ataques de la reacción y la derecha a los planes de reformas de Petro y de la izquierda. En la sociedad existen de sobra para que el conjunto, todos, podamos tener una vida digna de verdaderos seres humanos, en Colombia y a nivel mundial: pero esa riqueza hoy por hoy es monopolio de unos pocos.  Hay que expropiar, nacionalizando bajo el control democrático de los trabajadores, las palancas principales de la economía; los grandes bancos, corporaciones empresariales y las grandes fincas de tierra en manos de la oligarquía. 

 Hay que poner en práctica la expropiación de todos los bienes que son el producto del narcotráfico, junto con la nacionalización de las 500 empresas más grandes de Colombia, entre las que producen no menos de 300.000 millones y máximos de billones de Pesos cada año. Esta es la única opción, la única forma real y posible de poder llevar a cabo en la economía un verdadero Plan democrático de producción, bajo el control democrático de los trabajadores, para dar solución a los problemas y crecientes necesidades que padece la mayoría de la población. 

La situación actua

         Ahora, dos años y medios después de que Migración Colombia en Barranquilla-Santa Marta se pusiera a las ordenes de un empresario corrupto, de nuevo desarrollamos la campaña para que el Gobierno de Gustavo Petro derogue aquel Auto corrupto. Ello debe ser defendido por las organizaciones de izquierdas colombianas, por sus congresistas y senadores/as, que deben levantar esta demanda de justicia por los principios democráticos y humanos de Salvador Pérez. Es evidente que si ello es asi todo se debe reflejar en frutos positivos, más aún en un contexto actual en donde los reaccionarios arremeten de nuevo con fuerzas en contra del propio Gobierno de Gustavo Petro. 

        Ello hace si cabe más apremiante y urgente la necesidad de conseguir que se DEROGUE EL AUTO DE DEPORTACION Y PROHIBICION DE REGRESO A COLOMBIA QUE LOS CORRUPTOS HICIERON CONTRA SALVADOR PEREZ y se de una limpieza en los funcionarios corruptos que campan a sus anchas en los organismos del Estado colombiano, que suponen un autentico cáncer para los intereses de la aplastante mayoría de la sociedad colombiana. 

         Y en todo ello deben jugar un destacado papel las/os congresistas y senadores/as que estan destacando por ser punta de lanza contra los planes de los reaccionarios, como Ayda Avella (quien sufrió un atentado y tuvo que vivir años exiliada), David Racero, Alfredo Mondragón, Wilson Arias, Fabian Diaz y dirigentes como Gustavo Bolívar, actual director general de Protección Social. Conseguir el objetivo que nos planteamos aquí será de total justicia social, democrática y humana, al tiempo que un golpe fuerte a las mafias de la corrupción empresariales y de los organismos del Estado colombiano. 

·       ¡¡ SI NOS TOCAN A UNO/A, NOS TOCAN A TODOS/AS !!

 

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