Bombardeos y detenciones
Por Von
Nils Heidenreich
A las 3 de
la madrugada la puerta de Camilo en la localidad de Usme, sur de Bogotá, es
derribada. El padre de tres hijos es detenido en presencia de sus niños y frente
a su esposa, mientras le leen los graves cargos penales.
El es uno de 11 detenidos a
quienes se les imputan delitos gravísimos en relación con protestas
universitarias de los últimos años, entre ellos concierto para delinquir,
manipulación de explosivos, porte ilegal de armas, incendio agravado y
terrorismo.
Además de Camilo, líder
comunitario y colectivos de base desde el Paro Nacional de 2021, colaborador en un libro sobre las
protestas y su contexto social, también fueron capturados integrantes de medios
alternativos y organizaciones estudiantiles, todos provenientes de diferentes localidades
del sur de la capital.
Lo más preocupante es que
muchos de los detenidos en horas de la madrugada fueron llevados después de más
de 12 horas a la URI de Puente Aranda para verificación de identidad, sin poder
comunicarse durante ese tiempo ni con sus abogados ni con sus familias. Esto
debería invalidar las capturas, pero el juez las legalizó el día siguiente.
La criminalización del
movimiento social y popular no es nueva.
Esta represión es asociada con
gobiernos de derecha y se consideraba superada bajo el gobierno del presidente
Petro. El discurso oficial actual había estado marcado por el respeto y el
reconocimiento hacia los movimientos sociales que, tras el Paro Nacional, les
allanaron el camino para convertirse en la primera fuerza del Congreso y
alcanzar la primera presidencia de izquierda.
Durante su gobierno Petro ha
ido abandonando promesas electorales fundamentales. Recientemente, él y su
ministro de Defensa justificaron con discursos que recuerdan a gobiernos
anteriores los bombardeos renovados contra estructuras de la disidencia de Iván
Mordisco, en los que murieron 15 menores de edad.
Justificaron su proceder
primero alegando desconocimiento de las circunstancias y luego invocando el derecho
internacional humanitario, argumentos rechazados categóricamente por expertos.
Al no haberse producido combates inmediatos antes de los bombardeos, los
menores de 15 años que no participaban en hostilidades no pueden ser
considerados combatientes según el DIH. de derechos humanos como el CPDH señalan que
estos acontecimientos recientes marcan un giro significativo en la política del
gobierno Petro en materia de derechos humanos y manejo de la protesta social.
Es revelador que las últimas víctimas de este cambio de rumbo sean, por un lado,
menores de edad de regiones económicamente desfavorecidas y, por otro, jóvenes
activistas de las zonas marginales de la capital.
Esto evidencia que los
anuncios de Petro sobre un cambio político radical en el país han cedido paso a
la misma política asociada con las oligarquías. Las fuerzas tradicionales que
Petro intentó incorporar a su gobierno desde el inicio parecen ahora marcar la
pauta en materia de DH. *
📰 Resumen del contenido
• El artículo denuncia las detenciones realizadas en la
localidad de Usme, al sur de Bogotá, durante la madrugada del 3 de abril.
• Se destaca el impacto emocional y psicológico en las
familias, especialmente en niños y niñas que presenciaron los operativos.
• Critica el trato recibido por los detenidos, señalando
posibles abusos de autoridad y falta de garantías procesales.
• Se enmarca el hecho dentro del contexto del Paro Nacional
de 2021, recordando que muchas de las personas afectadas participaron en
protestas sociales.
• Menciona el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz
(JEP) en el reconocimiento de víctimas de violencia estatal.
* Se hace un llamado a una memoria histórica
más inclusiva, que reconozca a quienes han sufrido por parte del Estado y
promueva el respeto a los derechos humanos.
📣 Tono y propósito:
Enfoque
crítico y reflexivo. Es necesario visibilizar las consecuencias de la represión estatal, fomentando un debate sobre justicia, reparación y memoria en Colombia.
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