ANTE LA ESCALADA MILITAR DE ESTADOS UNIDOS EN EL CARIBE
COMUNICADO PÚBLICO
Ante la escalada militar de Estados Unidos en el Caribe y las amenazas a la soberanía de Colombia y la región
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH - expresa su profunda preocupación y rechazo ante la reciente escalada militar impulsada por el Gobierno de los Estados Unidos en el Caribe. Esta operación, ejecutada bajo el liderazgo del Comando Sur, incluye el despliegue de buques de guerra, aeronaves y unidades tácticas bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. Dichas acciones, sumadas a declaraciones oficiales que califican la lucha contra las drogas como un “conflicto armado no internacional”, constituyen una grave alteración del orden jurídico internacional y una amenaza directa a la soberanía de los Estados latinoamericanos, la paz regional y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
CONTEXTO
Durante las últimas semanas, el Comando Sur ha intensificado su presencia en el Caribe mediante operaciones aéreas y navales cercanas a las costas de Colombia, Venezuela y otras naciones de la región. Aunque se presentan como acciones de “seguridad hemisférica”, en realidad forman parte de una estrategia de remilitarización del continente, reeditando patrones de intervención característicos de la Guerra Fría y socavando los esfuerzos diplomáticos por la paz y la cooperación multilateral.
El CPDH advierte que la invocación unilateral del concepto de “conflicto armado no internacional” para justificar operaciones extraterritoriales carece de sustento jurídico y desconoce la soberanía de los Estados latinoamericanos. Este hecho vulnera los principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas (artículo 2.4), que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.
Calificar el narcotráfico como un conflicto armado y actuar militarmente fuera del territorio estadounidense sienta un precedente peligroso, pues amplía el margen de intervención exterior, diluye las fronteras entre seguridad y guerra, y legitima el uso de la fuerza militar con fines políticos y económicos.
El CPDH recuerda que el Derecho Internacional Humanitario solo es aplicable a los conflictos armados definidos y reconocidos, y no puede ser invocado de manera arbitraria para justificar bombardeos o incursiones unilaterales. Cualquier acción de esta naturaleza viola los principios de distinción, proporcionalidad y soberanía, pilares esenciales del orden jurídico internacional.
La intensificación de maniobras militares en el Caribe, junto con una retórica hostil y coercitiva por parte del Gobierno de los Estados Unidos, aumenta el riesgo de incidentes armados, agrava la inestabilidad regional y amenaza la seguridad humana de las poblaciones costeras.
Asimismo, resulta inaceptable el señalamiento sin pruebas del Presidente de la República de Colombia como supuesto “líder del narcotráfico” por parte de autoridades estadounidenses, acto que constituye una afrenta a la soberanía nacional. Más grave aún, la autorización de operaciones encubiertas de la CIA y la DEA bajo el pretexto de combatir el narcotráfico reabre el riesgo de injerencias y desestabilización política, contrarias al Derecho Internacional.
El CPDH recuerda que estas mismas agencias participaron en el Plan Cóndor, precedente histórico de intervención en América Latina, que obliga a alertar sobre cualquier intento de reactivar mecanismos encubiertos que atenten contra la autodeterminación de los pueblos.
EXIGENCIAS
Al Gobierno de los Estados Unidos:
• Cesar de manera inmediata toda forma de amenaza, sanción o despliegue militar en el Caribe, en cumplimiento estricto de la Carta de las Naciones Unidas, el Derecho Internacional y el DIH.
• Abstenerse de realizar acusaciones infundadas contra el Presidente de la República de Colombia o las instituciones del Estado.
• Respetar la soberanía e independencia de los pueblos latinoamericanos y adoptar una conducta coherente con los principios del multilateralismo y la solución pacífica de controversias.
Al Gobierno de Colombia:
• Asumir una postura firme en defensa de la soberanía nacional, rechazando toda forma de amenaza o intento de intervención extranjera.
• Elevar una denuncia formal ante el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU por la amenaza del uso de la fuerza contra Colombia y la región.
• Convocar de manera urgente a la CELAC y a la OEA para articular una respuesta diplomática conjunta que reafirme el principio de no intervención y el respeto al Derecho Internacional.
• Proteger a la población civil ante los riesgos humanitarios derivados del aumento de la militarización en el Caribe.
• Revisar de manera integral los acuerdos de cooperación militar con los Estados Unidos, suspendiendo la presencia de personal extranjero en territorio nacional cuando represente un riesgo para la soberanía o la seguridad del Estado, y garantizando el control pleno de las instalaciones militares por parte de las autoridades colombianas.
A la Comunidad Internacional y a los Organismos Multilaterales:
• Rechazar toda forma de injerencia o acción militar contraria al Derecho Internacional.
• Promover mecanismos de investigación independientes sobre los bombardeos y operaciones militares en curso en el Caribe, para esclarecer posibles violaciones al DIH.
• Actuar preventivamente para evitar una escalada militar que ponga en riesgo la paz y la estabilidad regional.
A los Pueblos y Organizaciones Sociales de América Latina y el Caribe:
• Mantener la solidaridad activa y la movilización pacífica en defensa de la paz, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.
• Reafirmar el compromiso histórico de la región con la solución política de los conflictos y la defensa del Derecho Internacional frente a toda forma de dominación militar o económica.
• Recordar que Colombia y América Latina no pueden volver a ser escenario de guerras ajenas ni de operaciones encubiertas bajo el pretexto del narcotráfico.
• La paz, la soberanía y el Derecho Internacional deben prevalecer sobre cualquier intento de coerción o dominación.
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH
Bogotá D.C., octubre de 2025
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