LIBERTAD 11 DETENIDOS EN BOGOTA, acusados de terrorismo

 LOS DERECHOS NO SE MENDIGAN, SE EXIGEN Y SE IMPONEN

Por: Salvador Pérez      

        En un reciente artículo que este Blog publicó, del Dr. Wldarico Flórez- Peña, bajo el título de “JUDICIALIZACION DE LA PROTESTA SOCIAL” ( https://luchacontracorriente.blogspot.com/2025/12/judicializacion-de-la-protesta-social.html ), este modélico Defensor de Derechos Humanos escribía, entre otras cosas que: 

“En Colombia asistimos en las últimas décadas a lo que se ha conocido como la persecución y criminalización a las diferentes expresiones de protesta, como una práctica del terrorismo de Estado, incluso a pesar de haberse firmado un acuerdo de paz1 con uno de los grupos insurgentes más antiguos del continente, que estableció en su acuerdo una serie de derechos y garantías, mecanismos democráticos de participación ciudadana y medidas efectivas para promover una mayor participación en la política nacional regional y local; sin embargo la realidad hoy en día nos demuestra que los montajes judiciales se han venido intensificando contra las universidades públicas, sindicatos, líderes comunales, movimientos políticos de oposición, entre otros. Las fuerzas militares y de policía, los organismos de inteligencia y contrainteligencia han desarrollado una estrategia criminal2 para llevar ante los estrados judiciales a centenares de ciudadanos inocentes a través de una telaraña jurídica, construyendo falsos testigos, pruebas y evidencias ilícitas, perfilamientos, capturas ilegales y demás arbitrariedades constitucionales ilegales que desconocen la presunción de inocencia y el debido proceso.” 

“Hay una serie de modalidades de represión y de persecución que en Colombia nos demuestra que los falsos positivos judiciales (montajes judiciales) se han venido desarrollando a través de la infiltración militar y paramilitar en las universidades públicas y que ha conllevado a la desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales contra muchos defensores de derechos humanos y líderes sociales; el aparato judicial viene legalizando todo este tipo de irregularidades a través de los jueces de control de garantías y la persecución a los opositores políticos ya que ese aparato judicial7 los mira desde una perspectiva de guerra y es ahí donde aplica el derecho penal del enemigo, a quienes se atreven a cuestionar las políticas oficiales del Estado. Prácticamente han borrado de un solo plumazo y han desnaturalizado el delito de rebelión y aplican a diestra y siniestra toda una legislación hoy conocida como GAO, prácticamente colocando a los investigados como terroristas, narcotraficantes y demás epítetos que históricamente se podrían comparar como los de “chusmeros”, “pájaros”, “bandidos”, etc.” 

“No sobran las presiones del ente investigador para las autoincriminaciones, las maniobras dilatorias, la clásica larga medida de aseguramiento de detención intramural y la estigmatización e impunidad después de largos procesos kafkianos.”

 UN MEGAOPERATIVO

         La Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación realizó lo que han calificado un “mega-operativo en torno a la Universidad (que según nos cuentan era) para desarticular al movimiento radical PPP: que dicen coordinaban actos vandálicos desde universidades públicas”. Pero por la experiencia de décadas de represión del Estado de los poderosos sabemos cómo son realizados esos amplios operativos: construyendo pruebas para que encajen en el relato que pretenden ofrecer como verídico, pero que en muchas ocasiones esas mismas pruebas se desprende de actuaciones de personas infiltradas para causar y provocar esos mismos actos.

     Nos cuentan que el operativo, que dejo a 11 jóvenes encarcelados, “incluyó el análisis de más de 4.000 horas de video, la interceptación de 50 líneas telefónicas y la revisión de información extraída de redes sociales, así como entrevistas a testigos y víctimas”. 

Las autoridades, en un comunicado oficial, dicen que: “los miembros de la organización ingresaban a universidades públicas, como la Universidad Tecnológica Distrital del Sur y la Nacional, con carnets falsos simulando ser estudiantes. Dentro de estos recintos, se reunían para cambiarse de ropa y preparar artefactos peligrosos como bombas molotov o “papas bomba”, los cuales utilizaban en actos violentos dirigidos contra la fuerza pública, estaciones de Transmilenio y buses del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp)”. 

Para dar más aires de operación a lo grande, nos dicen estas mismas autoridades que: 

 “entre los capturados figura el presunto líder conocido como “Salvatore”, quien habría dirigido la planeación y convocatoria de los actos, además de determinar quién debía portar los explosivos en cada incursión. …

Otros miembros reconocidos como alias Chimoi, Topo, Chinche San, El Pri, Garu, 83 y Slow cumplían funciones de fabricar los explosivos y participar en las acciones violentas. …

En particular, el 11 de septiembre de 2025, “Garu” sufrió la amputación de tres dedos al explotar una “papa bomba” que fabricaba dentro de la Universidad Nacional. …

Durante 13 operativos de allanamiento realizados en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal y Suba, la policía incautó prendas utilizadas en los atentados, un arma de letalidad reducida, material explosivo, 13 dispositivos móviles y 4 computadores. …

Los detenidos enfrentan cargos por terrorismo, concierto para delinquir agravado, incendio agravado, fabricación y porte de armas y explosivos, empleo de sustancias peligrosas, perturbación al servicio público de transporte, daño en bien ajeno agravado y violencia contra servidor público. 

Un juez de la República dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para todos los acusados”.

                En nuestra opinión el elemento central, de fondo, en todos estos hechos es que las fuerzas policiales, de la Fiscalía,… entraron a la Universidad y detuvieron a unas 12 personas, a las que dejaron sin derechos, las encerraron y aislaron del exterior, impidieron que los abogados de Derechos Humanos pudieran hacer su trabajo con normalidad y que han llevado a esos jóvenes a presidio, sin respeto a sus derechos democráticos, incluidos el de presunción de inocencia, un principio que debe ser muy importante, según para quien, pues hasta Álvaro Uribe Vélez y sus abogados lo piden para el expresidente condenado a 12 años. 

Que estos hechos estén ocurriendo a tres años y medio de la constitución del gobierno de Gustavo Petro es un importante toque de atención para el conjunto de los luchadores sociales, sindicales y políticos. Necesitamos extraer conclusiones políticas urgentes de todos estos hechos, de la situación en su conjunto, para poder preparar nuestros próximos pasos en las tareas de luchar por una sociedad en donde erradiquemos todo tipo de opresión, violencia y represión a nuestros más elementales derechos democráticos. 

Como ese gran teórico llamado V.I. Lenin explicó, “Carlos Marx se burla en El Capital de la pomposidad y altisonancia de la Carta Magna democrático burguesa de libertades y derechos del hombre, de toda esa fraseología sobre la libertad, la igualdad y la fraternidad en general, que deslumbra a los pequeños burgueses y filisteos de todos los países, sin exceptuar a los viles héroes actuales de la vil Internacional de Berna. Marx opone a esas pomposas declaraciones de derechos la manera sencilla, modesta, practica y corriente con que el proletariado plantea la cuestión: reducción de la jornada de trabajo por el Estado, he ahí un ejemplo típico de ese planteamiento”.

(“Una gran iniciativa”, julio 1919 – Lenin)

         En los últimos días 31 congresistas de izquierda de Colombia han firmado una carta en donde exigen que se respeten los derechos fundamentales de los detenidos. Entre los firmantes figuran el hoy Candidato presidencial Iván Cepeda Castro y los destacados/as dirigentes Aida Quilcué, Ariel Ávila, Clara López, Imelda Daza, Isabel Zuleta, Julián Gallo, Sandra Ramírez, Alfredo Mondragón y Wilson Arias. Obviamente la carta esta causando un gran revuelo, sobre todo entre la derecha uribista y los medios de comunicación de la clase dominante, a partir de ayer 14 de diciembre de 2025, pues se cuestiona en ella las bases y los métodos de la detención de los 11 jóvenes, que increíblemente están siendo acusados de terrorismo y que fueron detenidos en el entorno de la Universidad en Bogotá.  Fechada el pasado 1 de diciembre, la carta viene a cuestionar desde dentro del propio Congreso esas detenciones y “exigen garantías y libertad para los detenidos”. 

En esta Carta, los miembros de la Comisión Accidental de Seguimiento y Verificación a Garantías y Situación de Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad del Congreso, se advierte del “riesgo de vulnerar derechos fundamentales de los detenidos: que han participado en las jornadas que se han llevado a cabo en la ciudad”. 

Como decimos, es la misiva se sostiene que “los jóvenes han sido víctimas de hostigamientos, señalamientos y persecución, y que su accionar se enmarca en el derecho constitucional a la protesta y la organización social”. 

Los firmantes prosiguen afirmando que “Manifestamos nuestra preocupación por la criminalización de la juventud, siendo inaceptable que, en el supuesto de garantizar la legalidad en desarrollo de los hechos ocurridos, la fiscalía no busque evitar la estigmatización de los estudiantes y la no repetición, sino avanzar en la condena de la impunidad que se desprende de los hechos desconociendo las directivas de la Fiscal General de la Nación”. 

Estos 31 Congresistas de izquierdas conminan al Estado colombiano al cumplimiento de las garantías y a medidas orientadas a evitar la estigmatización. “Exigimos el cumplimiento de los acuerdos legalmente establecidos y la garantía de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad”. Estos congresistas insisten en “la necesidad de que los capturados puedan enfrentar sus procesos en libertad, sin que la prisión preventiva se utilice como medida restrictiva”. 

               En la citada misiva los congresistas señalan, con nombres y apellidos, a los encarcelados cuyos derechos es urgente sean respetados: Sebastián Santiesteban Lozano, Omar Millet Araya Romero, Siaira María Pinzón Camargo, María Victoria Betancourt Lauria, Sebastián Narváez Holguín, Xiomara Katherine Amaro Cortes, Luis Alejandro Gamboa Suárez e Isabel Yoana Rodríguez Bernal. 

“Resulta incompatible con la garantía del derecho fundamental a la protesta social la continuidad de la privación de la libertad a los jóvenes involucrados en los hechos, en ausencia de pruebas que sustenten una medida tan gravosa”. Los congresistas en la lectura que hicieron de la Carta destacaron críticas a las Plataformas digitales y especialmente a ciertos sectores de la Oposición, que han realizado fuertes críticas a las solicitudes expresadas por estos Senadores y representantes del Gobierno Petro. 

Según las acusaciones de la Fiscalía General de la Nación, a los jóvenes se les imputaron delitos de terrorismo, concierto para delinquir agravado, incendio agravado, porte de explosivos, perturbación del transporte público y violencia contra servidor público. El Juez, como decimos, “ordenó detención preventiva”. 

Frente a esta situación, los 31 congresistas demandan una interpretación menos restrictiva, basada en el derecho de reunión y protesta. “Instamos a la Fiscalía General de la Nación y al Gobierno Nacional a cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, en especial en relación con jóvenes privados de la libertad”.

 Con hechos como estos la clase dominante colombiana, que como hemos visto y vemos reiteradamente, esta al servicio de los intereses de las grandes fortunas del imperialismo norteamericano, pretenden dar un escarmiento ejemplarizante a la juventud, con el objetivo de asustar a la juventud, a los trabajadores y a los oprimidos en general por el capitalismo, intentando evitar que se continue desarrollando aún más la idea de que es necesario luchar, movilizarse y combatir las lacras de este sistema social basado en la opresión social, laboral y política. 

Tras el estallido social de 2021 la clase dominante colombiana esta algo más cauta, temerosa e intentando evitar que se desarrolle una nueva explosión social. Desde entonces el uribismo, la fuerza política de la extrema derecha colombiana que gobernó por décadas, esta que no levanta cabeza. En realidad, todo indica que no tienen ni siquiera candidatos serios frente a la izquierda de cara a las próximas elecciones presidenciales del año 2026. 

Pero, sin embargo, el Estado colombiano continua bajo control y dominio en lo fundamental por parte de la clase dominante, que está siempre representada políticamente por el uribismo, el Centro Democrático que dirige el esquelético Álvaro Uribe. Desde esas posiciones de dominio que ejercen sobre amplios sectores de la judicatura, la Fiscalías, las llamadas “fuerzas del orden, … y demás organismos estatales en donde campa la corrupción de forma clara, es de donde la extrema derecha se permite el lujo de continuar reprimiendo y encarcelando a los jóvenes más combativos, para amedrantar al conjunto de la población. 

Los trabajadores, los jóvenes, los campesinos pobres y el conjunto de los oprimidos de Colombia necesitamos basarnos en la lucha de masas, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, para terminar aplastando a la reacción, al uribismo que amenaza con nuevas cuotas de violencia y barbarie para la mayoría en Colombia. Necesitamos desde abajo, con la lucha, imponer un claro programa de transformación social, que acabe con la reacción dentro del propio Estado colombiano: las masas deben pasar a controlar en sus manos las palancas de la justicia, la seguridad y el combate a las bandas criminales, del paramilitarismo y el narcotráfico existente. 

Ello es la antesala de poder hablar de una verdadera justicia y derechos democráticos para todos, poniendo fin a los clanes corruptos que controlan las estructuras de los organismos del Estado y regiones completas del país. 

Nuestra lucha tiene esos objetivos, al igual que el poder dar soluciones definitivas y permanentes a los problemas orgánicos que padecemos bajo el capitalismo: desempleo, bajos niveles de vida y hasta miseria, derechos plenos a la educación, la sanidad y la vivienda, pensiones y salarios dignos para todos, …. 

Y es evidente que llegados a este punto debemos decir claramente que todo ello choca con un pequeño gran problema: el control que ejerce del grueso fundamental de la economía y de la sociedad 9 familias de multimillonarios, que controlan las grandes extensiones de tierra, las grandes empresas y los bancos en el país, de la mano de sus colegas imperialistas norteamericanos.