MEMORIA HISTORICA: ¡¡JUICIO Y CASTIGO A LOS CRIMINALES FRANQUISTAS!!

* La dictadura militar de Franco se fundamento en el asesinato, el terror, la represión y la vulneración total de los derechos humanos, durante cuatro décadas en el Estado español.

* Asustada ante una posible ‘explosión social’, la burguesía llamó ‘al acuerdo de clases’ a los dirigentes de la clase trabajadora. Dejarían caer como manzana podrida a la dictadura si a ellos se les ‘garantizaban’ sus posiciones dominantes.

* Los torturadores, verdugos, del franquismo quedaron sin castigo, mantenidos dentro de las estructuras del Estado burgués.

Nota Editor:

          La dictadura militar franquista fue el producto de la sublevación ilegitima del ejercito, alentado por la clase dominante y los sectores más reaccionarios de la España de los años 30 en contra de la legítima y democrática II Republica española. La victoria de los militares acabó en una dictadura, con el general Francisco Franco como Jefe del Estado, no sin antes haber eliminado a sus propios rivales internos, que se fundamento en un régimen de muerte, terror, represión y vulneración del conjunto de los derechos humanos, durante cuatro décadas en el Estado español.

         El colapso y caída de la dictadura franquista coincidió fortuitamente con la muerte física del dictador. Pero era claro que el sector decisivo de la propia clase dominante española estaba ya desde hacía unos años preparando la sustitución de la dictadura militar por un teórico régimen de democracia parlamentaria burguesa, en la que ellos pudieran continuar sustentando el poder decisivo en la sociedad. Era claro que sentían miedo a un proceso revolucionario protagonizado por la clase trabajadora, que no solo derribara la dictadura, sino también el propio sistema capitalista, acabando con la posición de privilegiados en la sociedad de los grandes empresarios, banqueros y terratenientes.

        Era claro desde hacía ya años que asistíamos a una recomposición de las fuerzas de la clase trabajadora, que estaba cerrando las ‘heridas de la derrota de la guerra civil’ y viviendo un claro proceso ascendente de las luchas obreras, de la juventud, los jornaleros y el conjunto de las masas reprimidas por la dictadura franquista.

        Un proceso de luchas, huelgas y manifestaciones, con cada vez mas número de trabajadores y jóvenes participando en el, se abría paso frente a la represión e ilegalidad a las que eran sometidas por la dictadura. El movimiento de lucha social estaba ocupando la escena, cada vez con más fuerzas, del proceso histórico en esos momentos.

        Y en estas movilizaciones y huelgas obreras era evidente que se reivindicaban los derechos democráticos, pero junto a ellos mejores niveles y condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo, mejores salarios y derechos sociales como el de una educación y sanidad pública y de calidad. Era claro que en el contexto de la crisis económica que se estaba profundizando desde 1973, las reivindicaciones de los trabajadores eran incompatibles no solo con el mantenimiento de la dictadura, sino con las propias estructuras de poder del sistema capitalista, basado en España en la negación de derechos laborales, salariales y sociales.

        En estas circunstancias históricas la burguesía al objeto de no perder todo, decidió llamar ‘al acuerdo’ a los dirigentes sindicales y políticos de la clase trabajadora, CCOO-UGT-PCE-PSOE fundamentalmente. Estaban dispuestos a ‘sacrificar la dictadura’, dejándola caer, con el objetivo de que a ellos se les ‘garantizara’ sus posiciones dominantes, al menos en lo fundamental, en el terreno de las empresas, la banca, el sector financiero y la propiedad de los latifundios agrarios.

        Vergonzosamente los dirigentes de las organizaciones tradicionales de clase de los trabajadores entraron al acuerdo de clases con la burguesía. Aceptaron llevar a cabo la llamada ‘transición política de la dictadura a la democracia’, claudicando en todos y cada uno de los aspectos centrales planteados. Desde la aceptación vergonzosa de la monarquía, impuesta como su heredera política por el propio dictador Francisco Franco; a la aceptación de una Constitución burguesa, que consagra derechos democráticos y sociales, que en la práctica no son más que simples ‘papeles mojados’, sin valor real alguno; la renuncia a la defensa de derechos democráticos claros como el de la autodeterminación de los pueblos; dejar el dominio real de la sociedad por los grandes empresarios y banqueros, garantizándoles la propiedad privada sobre los medios de producción y financieros,…

       De esta forma los dirigentes de los sindicatos y los partidos tradicionales de la clase trabajadora consumaron un acuerdo de clase con la burguesía en contra de la clase trabajadora. Y para vencer la oposición y el claro descontento que todo ello producía entre su propia militancia y en el conjunto de la clase trabajadora, una y otra vez fueron girando hacia la izquierda en las ideas, los programas y en el propio funcionamiento interno de estas organizaciones.

       Como explicó Trotsky en sus análisis sobre el desenlace probable en aquellos momentos del proceso de la revolución y la guerra civil, algo que es aplicable a la aptitud de los dirigentes socialdemócratas siempre, “en la revolución, la línea de menor resistencia resulta ser la de peor bancarrota. El miedo a aislarse de la burguesía conduce a aislarse de las masas. La adaptación a los prejuicios conservadores de la aristocracia obrera, significa la traición a los obreros y a la revolución”.

        Los dirigentes del PSOE, con Felipe González a la cabeza, abandonaron formalmente del programa del partido la defensa de las ideas del marxismo, no sin una importante resistencia interna y sin realizar una caza de brujas contra los militantes marxistas que fueron expulsados del partido. Las Juventudes Socialistas fueron destruidas por los dirigentes socialdemócratas del partido en su lucha contra las ideas del marxismo.

       De la misma forma, igual suerte corrieron las ideas del genuino marxismo en el seno del PCE, que con Santiago Carrillo al frente de su dirección elimino de su programa la defensa del leninismo y adoptaron un programa llamado ‘eurocomunismo’, que era simplemente una renuncia a un programa revolucionario y la aceptación de las ideas socialdemócratas con otro nombre. En todo caso, la renuncia al marxismo y al leninismo en el PSOE y el PCE, respectivamente, era el hecho concreto de un reconocimiento en los documentos de algo que había ocurrido ya años atrás en la práctica: las direcciones habían dejado de creer, de defender por tanto, en la posibilidad de cambiar la sociedad y habían ido girando cada vez con más fuerzas hacia la derecha, hacia la aceptación del capitalismo como único sistema posible. Sus palabras sobre ‘socialismo’ o ‘comunismo’ eran simples retorica hueca, frases dirigidas a contentar a la militancia, pero en las que ellos, los dirigentes, no creían ya desde hacia tiempo.

        En CCOO y UGT, con una clarísima oposición de las bases y el movimiento, los dirigentes tuvieron que hacer mil y una pirueta para aceptar y entrar en los ‘pactos sociales’, que suponían renunciar a las reivindicaciones más sentidas y necesitadas de la clase trabajadora. Para ello los dirigentes sindicales tuvieron que romper los métodos de funcionamiento clásicos y correctos de los sindicatos, basados en las asambleas de los trabajadores y de afiliados, para imponer sus criterios de ‘acuerdos por arriba’, negando la participación a las bases.

         Todas estas claudicaciones de aquel periodo fueron el perfecto camino trillado para convertir a estas organizaciones en monstruosos aparatos burocráticos, que actúan en nombre de la clase trabajadora, pero al margen de las decisiones democráticas de los trabajadores, comenzando por una cada vez mas menguada militancia, que fue reducida por los aparatos burocráticos a la impotencia internamente y a su actual atomización.

         Pero unos de los aspectos más vergonzosos de los acuerdos de los dirigentes socialdemócratas y reformistas de las organizaciones de izquierdas durante la llamada ‘transición española’ fue en primer lugar permitir que el conjunto del aparato del Estado franquista pasara con armas y bagajes intactos al llamado Estado de la monarquía parlamentaria.  Elementos de todo tipo, claros represores, torturadores y asesinos en el Ejercito, la Policía, la guardia Civil, de Jueces y Fiscales, continuaron en sus puestos, y además les permitieron que todos sus crímenes durante la dictadura fueran pasados en pagina y quedaran impunes.

         Incluso cuando el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, intento abrir causa por los desaparecidos y asesinados bajo el franquismo, desde el propio poder judicial, al servicio de la clase dominante y los políticos de turno del sistema, fue enjuiciado y apartado de la carrera judicial. Ello era la demostración clara, una vez más, que si la clase trabajadora quiere alguna recobrar la memoria histórica y realizar justicia, antes deberá acabar con todos estos elementos del franquismo que continúan enquistados en los Consejos Judiciales, los mandos militares, policiales, en los Consejos de Administración de las grandes empresas y Bancos.

          Es el momento histórico propicio para ir recuperando el hilo conductor de la historia real de la clase trabajadora, de sus luchas y hacer justicia a sus mártires, a los luchadores que dieron sus vidas por un mundo basado en la justicia y la igualdad social. Para ello necesitamos remover todos los cimientos de reformismo, socialdemocracia y pactos de silencios con la clase dominante en el seno de nuestras organizaciones.

          Necesitamos recuperar como instrumento necesario para la justicia social el programa clásico del socialismo científico y ponernos manos a la obra en derribar esta caduca sociedad clasista injusta, sustituyéndola por una autentica democracia de los trabajadores, una sociedad socialista. Esta es y será la mejor forma de honrar la memoria de los asesinados y reprimidos por la dictadura franquista.

         A continuación reproducimos un artículo de publico.es sobre la decisión tomada por la justicia argentina, ante la cual víctimas del franquismo interpuso denuncia, ha tomado de reclamar la detención de algunos conocidos torturadores de la dictadura franquista, para que den la cara ante los tribunales penales.

         El asunto nos parece interesante, máxime cuando estamos ante una imposibilidad en la actualidad en España de poder realizar justicia con nuestra propia memoria histórica, como pueblo. Máximo cuando en el gobierno tenemos sentados actualmente a los dirigentes del PP, un partido que cada vez más en el último periodo está recurriendo al enardeciendo de los propios símbolos y actuaciones de la dictadura franquista. Los dirigentes del PP en vez de condenar los crímenes del franquismo, cada vez que tienen oportunidad los justifican y defienden.

Salvador PEREZ

 

A continuación el artículo…

 

 

ARGENTINA DICTA ORDEN DE DETENCION INTERNACIONAL CONTRA CUATRO TORTURADORES DEL FRANQUISMO

* En una decisión sin precedentes, la jueza María Servini de Cubría pide, a través de la Interpol, la extradición de altos funcionario policiales y de la Guardia Civil, en la causa abierta en ese país para juzgar los crímenes del franquismo

ANA DELICADO  -  Buenos Aires 18/09/2013

www.publico.es

           En un día histórico para las víctimas del franquismo, la magistrada María Servini de Cubría ha dictado una resolución por la que dicta orden internacional de detención preventiva, con fines de extradición, para cuatro ex funcionarios de seguridad acusados de torturas: el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el ex escolta de Francisco Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, el ex comisario José Ignacio Giralte González; y ex inspector José Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño.

Jueza argentina María Servini - EFE.

          Es decir, que en la causa abierta en Argentina para juzgar los crímenes del franquismo, han pasado a ser imputados estos cuatro ex funcionarios, que deben ser extraditados "a efectos de recibir declaración indagatoria". "Se procede que esta magistratura curse específicamente a las autoridades españolas esta orden de detención", dice textual la resolución de la magistrada. El texto especifica que se debe comunicar "el arresto preventivo de los nombrados con fines de extradición a efectos de recibir declaración indagatoria a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)".

Ésta es la victoria más importante de las víctimas del franquismo

en causa que comenzó hace más de tres años

          La resolución, entonces, será enviada tanto a INTERPOL como a las autoridades españolas para proceder a la detención de los primeros cuatro procesados de la causa, abierta en abril de 2010, tal y como acaba de confirmar a Público uno de los abogados que ha recibido en mano la resolución de la jueza, el argentino Carlos Slepoy.

          Los abogados solicitaron por escrito a la jueza, en marzo de este año, que emitiera órdenes de captura internacional contra nueve responsables del régimen franquista:  tres ex ministros, José Utrera Molina (suegro del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón), Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez; y dos ex jueces, además de los cuatro exfuncionarios de seguridad que ahora han pasado a estar procesados en la causa. La magistrada ha decidido proceder, por ahora, contra estos últimos.

          La ley procesal argentina prevé que, si existen indicios de criminalidad en una persona, se la llame para que preste declaración indagatoria, cuyo efecto es la orden internacional de detención si el acusado se encuentra fuera del país. Ésta es la victoria más importante que consiguen las víctimas del franquismo en el marco de una causa que comenzó hace más de tres años. El proceso ha sufrido varios escollos que ahora comienzan a disiparse.

Siguientes pasos

          La jueza recibirá el próximo 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Francisco Franco, a víctimas de la dictadura y a funcionarios españoles para que presten su testimonio en el marco de la causa. Se espera la llegada de parlamentarios de BNG, IU, Amaiur, y quizás alguno del PSOE. Es probable que se adelante el diputado de ERC Joan Tardà, para interponer en octubre una querella por el asesinato durante la dictadura de Lluis Companys, presidente de la Generalitat durante la II República, y que también lo acompañen  varios concejales y alcaldes de su partido.

Diputados de BNG, IU, Aralar y PSOE irán con las víctimas

que testificarán en Buenos Aires el 20-N

         A ello se le suma el creciente apoyo institucional que en Argentina otorga cada vez más relevancia a la causa. Además de la resolución de apoyo del Congreso Nacional a la causa judicial, el alcalde de de la ciudad de La Plata ha declarado de interés municipal la querella argentina contra los crímenes del franquismo, y lo mismo está estudiando la legislatura provincial de Buenos Aires. La última en mostrar su respaldo ha sido la legislatura porteña (el Parlamento de la ciudad de Buenos Aires), que acaba de aprobar por unanimidad una declaración de apoyo a la querella y de condena al franquismo. Hace unos días, se constituyó la Plataforma Argentina de Apoyo a la Querella contra los Crímenes del Franquismo, a la que se adhirieron casi 100 organizaciones, y uno de sus objetivos es el de sumar el apoyo de más instituciones a la querella, en sintonía con lo que está sucediendo en España con la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina(CeAQUA).

          "Este apoyo es fundamental", resalta Slepoy.  Los abogados se han reunido con prácticamente todas las fuerzas del Congreso, y con el director de Derechos Humanos de la Cancillería, Federico Villegas Beltrán, para garantizar que las próximas videoconferencias que realice la jueza con víctimas del franquismo no vuelvan a suspenderse, como ya sucedió en tres ocasiones. Los querellantes también estuvieron con Mario Fera, presidente de Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la tramitación técnica de las querellas, para dejar asegurado nuevos problemas.

Estado de la causa

          Hasta ahora, la jueza había enviado a España dos comisiones rogatorias. En la primera, solicitaba que le informaran sobre si había investigaciones en curso sobre el franquismo, en qué juzgado estaban, en qué estado se encontraban. También pedía información sobre el plan sistemático de exterminio de la dictadura, y en específico, sobre el plan deliberado, planificado y legalizado del secuestro de niños. Varios meses después, contestó la Fiscalía General de Estado que encabezaba Cándido Conde-Pumpido, cuando por entonces el PSOE estaba en el Gobierno. La Fiscalía alegó que en España estaba investigando el franquismo, y advertía que el principio de jurisdicción universal es subsidiario, es decir, que podía aplicarse cuando no había investigaciones en el país donde se cometió el crimen, por lo se entendía que Argentina no tenía competencia para investigar.

La única causa judicial abierta en el mundo sobre los crímenes del franquismo

es la que se impulsa desde Argentina

         Los abogados de la querella replicaron con un escrito, aclarando que todos los procesos abiertos en distintos juzgados del país a raíz de los testimonios que había enviado el juez Baltasar Garzón, habían sido archivados en su inmensa mayoría, y que sólo quedaban tres abiertos, pero relacionados con la existencia de fosas comunes y exhumación de cuerpos, sin que hubiera una investigación penal. La jueza reaccionó inmediatamente y mandó una segunda comisión rogatoria a España, pidiendo la identificación de muchos responsables. La Fiscalía General volvió a contestar cuando ya estaba el PP en el Gobierno,  con Eduardo Torres-Dulce como nuevo fiscal general, en donde reiteraban que Servini de Cubría no tenía competencia para juzgar los crímenes franquistas. Para entonces, Garzón ya había sido condenado en febrero de 2012 por el Tribunal Supremo.

          La magistrada decidió entonces viajar a España, pero el viaje fue cancelado porque la Corte limitó el número de funcionarios con los que podía viajar. Para su llegada se había creado un movimiento con una lista de 100 declarantes. La suspensión de su viaje generó una enorme frustración.

           Pero con la actual resolución de la jueza, con la que dicta la primera orden internacional de detención contra los primeros representantes del franquismo, la magistrada ha dado un paso que puede marcar un hito en la historia española.

           La única causa judicial que hay abierta en el mundo en relación a los crímenes del franquismo es la que se impulsa desde Argentina. La Constitución argentina reconoce desde 1853 el principio de justicia universal, por el que este país tiene jurisdicción para perseguir los crímenes franquistas al haberse negado España a investigar por sí misma los crímenes cometidos entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.  Según los autos de Garzón, la represión franquista dejó al menos 113.000 desaparecidos y unos 30.000 niños apropiados por el régimen que fueron sustraídos a las familias republicanas.